El Gobierno argentino instó ayer al Tribunal Supremo a "definirse lo antes posible" sobre "la constitucionalidad o no" de las leyes que beneficiaron a los represores de la última dictadura (1976-83). La petición fue formulada por el ministro de Defensa, José Pampuro, para quien la reciente decisión de la Cámara Federal de Buenos Aires de reabrir los juicios contra militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad trae "complicaciones" en el ámbito castrense.

De acuerdo con Pampuro, el reinicio de las investigaciones de lo que sucedió en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención por el cual pasaron 5.000 personas, y el Primer Cuerpo de Ejército, uno de los puntos claves de la represión, "es un proceso que no se sabe cómo va a terminar". Algunos analistas sostienen que estas dos simbólicas causas, interrumpidas en 1987, cuando se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final, pueden derivar en el procesamiento de más de un centenar de oficiales.

Hace dos semanas, el Parlamento anuló las llamadas leyes del perdón. Los legisladores del peronismo (en el poder) impulsaron esa medida con una prisa inédita, entre otras cosas, para frenar las extradiciones a España y crear en Argentina condiciones para el juicio de los acusados.

NUEVA OLA DE ARRESTOS

Los medios de comunicación auguran ahora una nueva ola de detenciones. El diario Página 12 dijo que la liberación, el lunes, de los represores reclamados por Baltasar Garzón será sólo "un recreo" antes de volver a prisión. Si eso sucede, los abogados de los represores presentarán apelaciones que llegarán al Supremo. El presidente, Néstor Kirchner, dijo, tras saber que España no pedirá la extradición, que el máximo tribunal debe posicionarse.

Mientras, el fiscal Miguel Angel Osorio pidió al juez Jorge Urso el arresto de una decena de exjerarcas de la dictadura, entre ellos Jorge Rafael Videla, Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, en el marco de la investigación del plan Cóndor, como se conoce la coordinación de las dictaduras del Cono Sur. El fiscal se basa en las declaraciones que el general Ramón Díaz Bessone hizo a la televisión francesa, en las que por primera vez se reconoce públicamente que miles de opositores fueron asesinados en la clandestinidad.