"Estamos dando un paso muy importe, que es el de cómo queremos construir la Argentina del futuro", dijo el presidente Alberto Fernández sobre la oferta que su Gobierno le hizo a los acreedores privados: una quita del 5,4% del capital y del 63% de los intereses de la abultadísima deuda externa, así como un período de gracia de tres años, hasta 2023, durante los cuales no se desembolsará un centavo. Fernández aseguró que la oferta a los tenedores de bonos es "seria" y no busca "aprovechar ni siquiera la coyuntura de la pandemia del coronavirus, que dio vuelta la economía mundial".
El presidente recordó que el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI) había asegurado a mediados de febrero pasado que la deuda argentina, que se incrementó en 100.000 millones de dólares durante el anterior Gobierno de derechas (2015-2019) y totaliza casi el 100% del PIB nacional, era "insostenible". En aquella oportunidad, el organismo financiero sostuvo que "se necesitaría" de una reestructuración del enorme pasivo sobre la base de "una contribución apreciable de los acreedores privados". Con esa bendición, Argentina espera aliviar el pago de intereses en 37.900 millones de dólares mientras y 3.600 millones en concepto de capital. Sólo en 2020, los vencimientos de la deuda en todo concepto ascienden técnicamente a 62.000 millones de dólares. El PIB argentino caerá un 5% este año como consecuencia de la cuarentena y la recesión previa a la crisis sanitaria.
El Gobierno peronista espera retomar en 2021 la senda del crecimiento económico, y sobre esas bases empezar a reducir una pobreza que golpeaba al 40% de la población antes de que llegara la pandemia. Recién dos años más tarde cumplir sus obligaciones externas. "Durante años, Argentina no puede pagar nada", explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Discípulo del Premio Nobel de Economía, el norteamericano Joseph Stiglitz, Guzman ha subrayado el país no está en condiciones de "seguir el sendero de un mayor ajuste fiscal" porque eso "destruiría el futuro a millones de personas, sería un problema para todo el territorio nacional y es algo que no vamos a permitir". Por eso subrayo que "el límite" a los acreedores "es esta oferta".
Guzmán anticipó a su vez que "va a haber gente jugando muy fuerte" en contra de la iniciativa argentina. "Las voces de esos acreedores van a estar resonando". El presidente y Guzmán hicieron los anuncios acompañados por la vicepresidenta Cristina Kirchner y un sector de la oposición de derechas. "Tenemos que tomar el compromiso como sociedad de estar unidos con esta oferta. Es la base para la recuperación y para un desarrollo sano de toda la Argentina", dijo el ministro.
Suspensión de pagos virtual
En los hechos el Gobierno había suspendido todos sus pagos externos. Fernández mismo admitió que Argentina se encontraba en un "default virtual". Los bonistas tienen un plazo de hasta tres semanas para responder si aceptan la hoja de ruta trazada por Guzmán o la suspensión de pagos pasará del estado "virtual" al "real". De acuerdo con Raúl Dellatorre, columnista del diario 'Página 12', un rechazo de los acreedores sin presentar alternativas "viables" dejaría sobre sus espaldas la responsabilidad de provocar la cesación de pagos. "Así lo debería considerar el FMI".
Curiosamente, la reacción en el mercado argentino no fue lo negativa que se temía, al menos por el momento. "Esperaba más quita de capital", le dijo al diario La Nación Guido Lorenzo, director ejecutivo de la consultora LCG. Según Lorenzo Sigaut Gravina, director de la consultora Ecolatina, los bonistas ya anticipaban que Guzmán avanzaría en una dirección que consideró "bastante más suave" de la que se auguraba.
