Matar de nuevo . Este es el título del libro con el que el excapitán de corbeta Alfredo Astiz entró ayer desafiante en el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires. Convertido en la encarnación del horror de la última dictadura argentina, Astiz debe responder --junto a otros 18 represores-- de los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el campo de concentración que simboliza las peores atrocidades perpetradas entre 1976 y 1983. Se calcula que en él desaparecieron un millar de personas. Astiz fue quien se infiltró entre las Madres de la Plaza de Mayo, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido, para dar un beso de Judas a su líder, Azucena de Villaflor, y a otras dos de sus fundadoras, Esther Ballestrino y María Ponce. Las tres fueron secuestradas horas después y asesinadas. También secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, que fueron arrojadas al mar desde un avión militar, por lo que fue condenado en París en rebeldía. En cambio, en la guerra de las Malvinas, tras bravatas inútiles, se rindió ante los británicos sin disparar. Tristemente conocido como el ángel rubio , Astiz ya había eludido el cerco judicial en 1985, cuando se le procesó por la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin.

Junto a él, en el banquillo de los acusados se sientan el capitán Jorge Acosta, temible jefe operativo de los escuadrones; el comisario Ernesto Weber, que enseñó a los marinos a usar la picana eléctrica en nombre de la Policía Federal; el vicealmirante Oscar Montes, excanciller de la dictadura; y oficiales de la Armada. Los testimonios de los supervivientes de la Esma erizan desde hace tres décadas. La megacausa acumula decenas de casos, entre ellos el de la desaparición de Rodolfo Walsh, uno de los grandes escritores argentinos de la segunda mitad de siglo. Su cadáver fue visto en la Esma, pero nunca fue entregado.

Por los tribunales desfilarán muchos de los que padecieron la cárcel clandestina. Sus testimonios ayudaron a probar los delitos por los que se juzga a los represores, que pudieron eludir la justicia con las leyes de impunidad, anuladas hace tres años.