Filipinas ha decretado la ley marcial en la provincia sureña de Maguindanao ante el riesgo de una posible rebelión inminente. Esta es la primera vez desde la caída de la dictadura de Ferdinand Marcos que el país asiático adopta una medida semejante, forzado por la tensión después de la matanza de 57 civiles que tuvo lugar el pasado 23 de noviembre. Ayer fueron detenidos el gobernador provincial, Zaldy Ampatuan, y su padre, el jefe del clan que domina el territorio. Otro de sus hijos ya fue detenido tras haber sido acusado de dirigir al centenar de hombres que se encargaron de ejecutar la operación.

El Gobierno ha explicado que tomó la decisión como respuesta a la petición de justicia de los familiares de las víctimas y al "riesgo muy inminente" de una ofensiva de las fuerzas afines al clan Ampatuan. Los Ampatuan habían contado con el apoyo de la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, hasta el reciente asesinato masivo, que causó su expulsión del partido. La ley marcial, que facilitará la detención de sospechosos sin que sean necesarias las órdenes de arresto, es consecuencia del descubrimiento, el pasado jueves, de un arsenal escondido apenas a un centenar de metros de la vivienda del clan.

INVESTIGACION EN CURSO El Ejército se incautó de armas antitanque, morteros, fusiles y ametralladoras suficientes para armar a medio centenar de hombres. Arroyo ha ordenado una investigación para averiguar de dónde ha salido este armamento. Es habitual que el Gobierno suministre armas a las milicias del sur para que ayuden a la policía y el Ejército en la lucha contra los insurgentes, pero suelen acabar en manos de los caciques.

La matanza de 57 civiles el pasado mes de noviembre se desencadenó después del intento del representante de un clan rival de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. Entre las víctimas se encuentran la mujer de dicho representante del clan rival, dos hermanas, abogados de derechos humanos y 30 periodistas.