La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, declaró ayer el estado de excepción en el país tras asegurar que había desbaratado un golpe de Estado auspiciado por dirigentes políticos y altos oficiales del Ejército.
"El Gobierno ha aplastado esta acción ilícita", proclamó Arroyo en una alocución televisada tras la detención de una decena de cabecillas golpistas. "Esto es una advertencia a aquellos que conspiran contra el país; toda la fuerza de la ley caerá sobre vuestra traición", añadió.
Los hechos se produjeron un día antes de que el país conmemorase el 20º aniversario de la caída del dictador Ferdinand Marcos. Numerosos comentaristas acusaron a la presidenta de encabezar una deriva autoritaria y de reaccionar con exceso a la tentativa, en un país traumatizado por la experiencia de nueve años bajo el yugo de la ley marcial impuesta por Marcos.
Los agentes se vieron obligados a recurrir a la fuerza para reprimir una protesta, que congregó a unos 5.000 manifestantes. Al menos 25 personas, entre ellas un destacado comentarista político, fueron detenidas.
El Gobierno de España expresó ayer su "más firme apoyo" a Arroyo, mientras que Javier Viada, abogado de Francisco Larrañaga, condenado a muerte en Filipinas, expresó su temor a que, si Arroyo es destituida, quede sin efecto la moratoria sobre la pena de muerte.
