Un total de 37 defensores colombianos de los derechos humanos fueron asesinados entre enero y junio de 2013, lo que supone un aumento del 27 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el más reciente informe del Programa Somos Defensores.

El reporte de este colectivo de organizaciones no gubernamentales colombianas, al que hoy tuvo acceso Efe, recuerda que en el primer semestre de 2012 hubo en Colombia 29 homicidios.

La portavoz del Programa Somos Defensores, Diana Sánchez, explicó por teléfono que el "sistema de información sobre agresiones contra defensores y defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) registró una reducción del 5,6 % en las agresiones individuales, pero paradójicamente aumentaron los homicidios, que es lo más grave".

Así, mientras en los primeros seis meses de 2012 hubo 163 casos de agresiones contra activistas, en el mismo periodo de este año se registraron 154, divididos entre amenazas (86), asesinatos (37), atentados (21), detenciones arbitrarias (6), uso arbitrario del sistema penal (2) y robo de información (2).

"En promedio, entre enero y junio de 2013 cada día fue agredido un defensor y cada cuatro días fue asesinado uno de ellos", apunta el documento.

Sánchez resaltó que los métodos de intimidación se han recrudecido, pues además del repunte del 27 % en los asesinatos, aumentaron los atentados contra la vida en un 14 %.

"Si sumamos atentados (14 %) y homicidios (27 %), tenemos un 41 % de aumento de los atentados contra la vida, consumados o no, y eso es muy alto", agregó la portavoz del programa.

Sobre los responsables de los 154 casos de agresión contra defensores de los derechos humanos en el periodo en estudio, el sistema señala a grupos neoparamilitares en 70 casos (45 %), seguidos de desconocidos en 67 situaciones (44 %).

La fuerza pública aparece como responsable en 12 casos (8 %) y las guerrillas en 5 (3 %).

Sánchez urgió a las autoridades a agilizar la identificación de esos "desconocidos" que hoy tienen "estructuras físicas ambiguas" y que derivan en su mayoría de la fallida desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que permanecieron en el territorio con control sobre rutas de la droga.