La justicia comunitaria reclama su hora y su propia balanza en la Bolivia de Evo Morales. Sus detractores aseguran que, de adquirir rango legal, el país empezará a dirimir parte de sus conflictos sobre la base de latigazos, admoniciones o la imposición del trabajo comunitario, según la falta cometida. En cambio, el Gobierno asegura que esos son preconceptos que satanizan tradiciones ancestrales. Lo que se promueve, sostienen, es introducir en la futura Carta Magna el "pluralismo jurídico".
"Quieren asociarnos con la pena de muerte para dejarnos en ridículo. Cuando hablamos de chicotes (látigos) es solo en términos simbólicos. ¿O acaso vamos a permitir que se le dejen marcas a una persona sancionada? Eso va contra nuestros principios. La justicia comunitaria de los pueblos indígenas originarios respeta profundamente al hombre", declaró a este diario Petronilo Flores, director general del viceministerio de Justicia y principal promotor de este proyecto.
Leyes eternas
Flores es abogado. Tiene 35 años y se considera un representante de la nación indígena jatun kikillas en la nueva estructura de poder político boliviana. Al otro lado del teléfono, su voz se crispa cuando habla de los "malentendidos" que suscita el tema. "En América Latina hay mucha gente de mentalidad colonial que ha impuesto sus instituciones por encima de las nuestras. Nos trajeron el derecho de afuera, que obedece a otra visión del mundo".
El desprestigio de los tribunales, los astronómicos honorarios que a veces cobran los abogados y la eternidad con que se demoran los fallos muestran, según Flores, el fracaso del orden jurídico occidental. En su opinión, esa es la razón de los actos de linchamiento.
En cambio, la justicia comunitaria tiene a su favor la rapidez de las sentencias, la gratuidad y la oferta de participación a las miles de comunidades campesinas que existen en el país. Esas son zonas donde el Estado ha sido un ausente de siempre. Allí, los mallkus (autoridades), con sus ponchos y sus chicotes, hacen respetar la ley acompañados de la policía sindical y los amautas (sabios aimaras). Sus veredictos se dan a conocer en una asamblea.
Derechos quebrados
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Javier Guachalla, advirtió de que el proyecto oficial vulnera los derechos fundamentales de los acusados. "Se tiene que respetar el principio de la inocencia", dijo. Luis Vásquez, constitucionalista y senador de la formación derechista Podemos, sostuvo que la aplicación de la ley "no puede depender de la opinión del sabio del pueblo". Eso "daría lugar a decisiones arbitrarias" que destruirían "el sistema de seguridad jurídica".
La voz de Flores, padrino de la reforma, truena ante esas objeciones. En su opinión, las críticas se deben a la falta de conocimientos sobre la justicia comunitaria. Para el alto funcionario, la justicia comunitaria tiene que ponerse en marcha "en igualdad de condiciones" con la justicia ordinaria.
La Asamblea tendrá la última palabra. Si da el sí , hay cosas que cambiarán. Los adúlteros, por ejemplo, deben saber que serán arrodillados en la plaza, y mirando a su comunidad avergonzada, recibirán los latigazos por desear lo prohibido.
