El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, se defendió ayer de la acusación de haber pagado 10 millones de euros a un juez para comprar una sentencia salpicando al presidente de la Comisión Europea y uno de sus rivales políticos, Romano Prodi. Berlusconi eligió para su comparecencia ante un tribunal de Milán la fórmula de prestar declaración voluntaria, lo que impedirá que sea interrogado por las partes.
Tras casi una hora de intervención, Berlusconi no mencionó la presunta comisión pagada y se escudó en "un favor" que le pidió, según dijo, el fallecido socialista Bettino Craxi, que era jefe del Gobierno en 1985, cuando ocurrieron los hechos juzgados. Al mismo tiempo, el primer ministro solicitó al tribunal que interrogue a varios testigos, todos ellos exministros ya interrogados. Berlusconi lanzó una velada propuesta para que pidan el interrogatorio de Prodi, que en aquellos años dirigía el IRI, un grupo industrial del Estado.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
Después de casi tres años de vista oral del proceso, conocido como caso SME , Berlusconi decidió, ante la sorpresa general, presentarse ante el tribunal para defenderse personalmente de la que llamó "una acusación paradójica" en un asunto "del que no conseguí ninguna ventaja personal". Sin embargo, los abogados de las acusaciones particulares y varios destacados juristas explicaron que, al presentarse voluntariamente, el primer ministro interrumpe su situación de "huido de la justicia" y podrá dar largas al proceso hasta alcanzar la prescripción del delito.
Dada la afluencia de público para seguir la comparecencia de ayer, el presidente del tribunal ordenó un cambio de sala.
A partir de ahora, el derecho adquirido por Berlusconi de estar presente en la vista oral obligará al tribunal a fijar las audiencias sólo cuando el jefe del Gobierno esté libre de "compromisos institucionales" que, a partir del 1 de julio, aumentarán con la presidencia italiana de la Unión Europea.
NUEVA LEY
Durante este tiempo, la mayoría de centroderecha puede aprobar una nueva ley, ya anunciada por Berlusconi, que restablezca la inmunidad para los cargos públicos, privilegio que fue suprimido en 1993, cuando los jueces de Manos Limpias acusaron de corrupción a un tercio del Parlamento.
El caso SME comenzó en 1985, cuando el hólding estatal IRI decidió vender el sector alimentario. Tras haber sondeado a todas las industrias del sector, Prodi decidió venderlo a Carlo de Benedetti, entonces propietario de Buitoni, por casi 250 millones de euros. Una vez vendido, el jefe del Gobierno (Craxi) se opuso y pidió a Berlusconi que organizara otra oferta por un precio superior. De Benedetti denunció la operación, pero perdió ante los tribunales. Años después, una amiga del entonces industrial Berlusconi reveló que Cesare Previti, abogado del magnate, sobornó a jueces para obtener un trato de favor a su defendido.
