El Gobierno de Birmania ha abolido la prohibición de celebrar reuniones públicas de más de cinco personas, que ha estado vigente durante los últimos 25 años, en el marco de su política reformista, según ha informado la cadena británica BBC.
Funcionarios birmanos, citados por el diario oficial 'Myanma Ahlin', han explicado que la ley ha sido derogada porque no garantiza los derechos básicos, como la libertad de expresión, que ahora están constitucionalmente garantizados.
En los últimos meses, se han celebrado varias manifestaciones para desafiar la prohibición. Las más numerosas han sido las encabezadas por los monjes budistas en las principales ciudades birmanas, a las que se han ido uniendo diversos colectivos.
La norma jurídica se creó en 1988, cuando se produjo el llamado Levantamiento de 8888, una oleada de protestas pro democráticas que, sin embargo, acabó con la formación de la ya extinta Junta Militar. Durante los años que siguieron, fue un instrumento clave contra la disidencia.
En la última etapa del régimen castrense, la prohibición comenzó a flexibilizarse, hasta quedar prácticamente en desuso con la desaparición del mismo y la llegada de Thein Sein a la Presidencia del país asiático, en marzo de 2011.
Sein ha dado pasos democráticos, como la celebración de elecciones legislativas, la liberación de cientos de presos políticos, la legalización de los sindicatos, la flexibilización de la censura mediática y la apertura de un diálogo de paz entre las minorías étnicas y religiosas.
Además, ha combinado la transición política con una económica con la que pretende atraer a la inversión extranjera para aprovechar el potencial birmano. Con este propósito ha diseñado un plan anual y ha pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) para implementarlo, apuntando también a un futuro acuerdo bilateral.
En respuesta, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Australia han comenzado a derogar las sanciones que impusieron a la Junta Militar por violar los Derechos Humanos, aunque han advertido de que para su derogación definitiva, el Gobierno debe completar la transición democrática.
