Más medidas polémicas. El Gobierno británico estudia ahora una ley para impedir que los tribunales puedan bloquear la deportación de clérigos radicales. El Gobierno del primer ministro Tony Blair, que necesita el respaldo de los jueces para ejecutar el plan de erradicación del extremismo islamista del país, dirá a los magistrados cómo deben interpretar la ley de derechos humanos del Reino Unido. Algunos ya consideran esta propuesta un desafío constitucional de alto nivel.

Se trata, según explicó ayer el ministro para Asuntos Constitucionales, Charles Falconer, de que los tribunales no favorezcan los intereses de los extranjeros en vías de expulsión en detrimento de la seguridad nacional. La nueva ley que el Gobierno someterá a la aprobación del Parlamento, dijo Falconer, establecerá "la interpretación correcta de la ley británica de derechos humanos". El Gobierno de Blair roza y pone en entredicho la independencia judicial. Sin embargo, Falconer insistió ayer en que el Ejecutivo no busca enfrentarse con los jueces y que será el Parlamento el que decida qué es lo correcto. El Gobierno de Blair dispone de mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, y además tendría el apoyo del Partido Conservador. Pero no está claro que la ley pase el filtro de la Cámara de los Lores.

LAS TORTURAS Las intenciones del Gobierno se conocieron ayer, un día después de que 10 extranjeros fueran detenidos para ser expulsados del país debido a sus posturas extremistas. Uno de ellos, Abú Qatada, considerado el líder espiritual de Al Qaeda en Europa, será deportado a Jordania "la próxima semana", según informó el Gobierno de Ammán ayer. Los otros nueve son de nacionalidad argelina.

La posibilidad de que los detenidos sean expulsados siguió recibiendo ayer numerosas críticas. Los jueces pueden oponerse a deportarlos invocando la Convención Europea de Derechos Humanos, que impide expulsar a personas a países donde puedan ser torturadas o ejecutadas.

El Gobierno de Blair ha firmado en los últimos días, a contrarreloj, varios acuerdos de extradición con países como Jordania y Argelia para obtener garantías en este sentido, pero asociaciones de defensa de los derechos humanos han tachado los pactos de "papel mojado". La deportación puede ser rechazada por los detenidos, por lo que el proceso puede alargarse durante meses.

PUERTAS CERRADAS En su nueva y rigurosa línea, el Reino Unido anunció ayer que no permitirá el regreso al país del clérigo radical Omar Bakri Mohamed, al que acusa de hacer apología del terrorismo. Bakri, de 45 años, fue detenido el jueves en el Líbano y puesto en libertad ayer tras huir de Londres el sábado pasado. Lo hizo justo después de que el Gobierno británico anunciara la prohibición de la organización radical Al Muhajirun, de la que él es fundador.