El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, dijo ayer en La Paz que España va a "agotar la vía diplomática" para buscar una salida a la situación que afronta la empresa Repsol YPF en Bolivia tras el decreto del presidente, Evo Morales, por el cual se nacionalizan los hidrocarburos. Los gobiernos acordaron iniciar negociaciones que también involucran a Repsol.
León opinó que "sobre la base de la lealtad y la confianza se puede llegar a acuerdos provechosos" que "permitirán contribuir al crecimiento" del país. "Estamos en un punto de partida. No estoy en condiciones de calificar el resultado final de este proceso, pero la buena sintonía nos hace tener esperanzas", dijo el número dos de Exteriores.
Acompañado de una amplia delegación, el secretario de Estado estuvo casi tres horas con Morales, su vicepresidente, Alvaro García Linera, y el ministro de Hidrocarburos, Andres Solís Rada, entre otras autoridades. "La reunión fue franca y cordial: se trataron a fondo todos los temas", explicó.
LA CLAVE En adelante, hay 180 días para encontrar un nuevo marco entre el Estado y el sector privado. En opinión de León, la clave estará en la "letra pequeña" de los futuros acuerdos. "La decisión de irse o quedarse le corresponderá luego a cada empresa. Nosotros esperamos que se encuentren las fórmulas para que todos los intereses se vean representados", sostuvo el alto funcionario. "Bolivia dice que busca socios, y no patrones. Y en opinión del Gobierno de España, las empresas quieren convertirse en verdaderos socios e implicarse con el Gobierno en un proceso de bilateralidad", agregó.
León llegó de urgencia a La Paz, tres días después de conocerse el decreto del Ejecutivo por el cual las compañías extranjeras "están obligadas" a entregar el total de lo que producen a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada de fijar los volúmenes, precios y los mercados del gas. Al respecto, dijo que España "respeta que se haya tomado" una "decisión soberana" que era conocida de antemano al ser parte del "compromiso electoral" de Morales. No obstante, reconoció la preocupación que suscitó la presencia de militares en los campos petrolero y gasísticos y reclamó "seguridad jurídica" y "reglas claras".
Por su parte, García Linera manifestó la "satisfacción" del Gobierno por el "reconocimiento" español "a una decisión soberana". Bolivia, remarcó, ha tomado un camino "irreversible": hay un decreto "que no se revisa, se acata".
El dirigente sostuvo también que las nuevas reglas "no son abusivas y dejan espacios para la conciliación". Según el vicepresidente, en adelante se garantizarán contratos estables y "el derecho a ganancias legítimas". Lo que se acabó en Bolivia, remarcó, son los tiempos de "las ganancias extraordinarias".
Flanqueado por León, García Linera manifestó que los hidrocarburos representan el salario de los ciudadanos bolivianos en las próximas cuatro décadas. "Quisiéramos que no haya más personas que ganen 300 dólares al año", concluyó.
POR LA VIA POLITICA Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo agotará "al límite máximo" la vía política y diplomática con Bolivia antes de recurrir a otras medidas, como las de tipo jurídico.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, apostó por negociar con Bolivia "desde la comprensión", pero "defendiendo al mismo tiempo los intereses de las empresas españolas". El Partido Popular centrará la sesión del control al Gobierno en el Parlamento en la crisis abierta con Bolivia.
