Boris Johnson se ha comprometido ante la justicia a mandar una carta a la Unión Europea pidiendo una extensión del brexit si no se alcanza un acuerdo antes del 19 de octubre. El documento fue desvelado ayer en el máximo tribunal civil de Escocia por los abogados de diversos grupos de activistas antibrexit.

Con este compromiso, el primer ministro no impediría el cumplimiento de la llamada Ley Benn, la normativa aprobada el pasado 6 de septiembre por los diputados en Westminster para evitar que el Reino Unido se marche de la UE sin pacto alguno. A pesar de ello, los portavoces oficiales en Downing Street insistieron en que la fecha de salida del 31 de octubre sigue en pie. El propio Johnson, en un tuit, dejó claro que «habrá acuerdo o no, pero no retraso». El doble lenguaje viene a confirmar que en los planes de Johnson para el brexit hay gato encerrado.

SOSPECHOSA CONTRADICCIÓN / El contenido de los documentos desvelados durante la vista en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo contradice lo afirmado repetidamente por el primer ministro en la Cámara de los Comunes, quien ha llegado a decir que prefería «estar muerto en una zanja» a pedir un nuevo aplazamiento.

El mes pasado, los diputados de la oposición y un grupo de rebeldes proeuropeos del Partido Conservador aprobaron la Ley Benn, que cierra la puerta a una salida sin acuerdo y que Johnson ha venido llamando despectivamente la «ley de rendición». Y si bien el primer ministro ha prometido por un lado cumplirla, por otro ha asegurado tajantemente una y otra vez que no pedirá ninguna prórroga y el Reino Unido se marchará el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Johnson no ha explicado cómo resolverá ese dilema.

A fin de bloquear cualquier vía de escape al primer ministro, un grupo de activistas antibrexit puso una demanda en Edimburgo acusando a Johnson de intentar zafarse de la decisión del Parlamento. De esa forma quieren obligarle a cumplir lo estipulado por la Ley Benn, o que de lo contrario se atenga personalmente a las consecuencias, que podrían ser incluso de una pena de cárcel. El juez escocés exigió a los abogados del primer ministro una respuesta por escrito aclarando lo que tiene pensado hacer. El Gobierno se había negado facilitar a los medios de comunicación una copia de esos documentos presentados al tribunal. Los extractos fundamentales, donde se indica su compromiso de enviar una carta pidiendo la extensión, fueron desvelados por los abogados de los demandantes. «El primer ministro enviará una carta (a la Comisión Europea) en la forma establecida por la ley no más tarde del 19 de octubre. (…) Si el Consejo Europeo accede a acordar esa extensión por el periodo especificado en la carta, el primer ministro estará obligado inmediatamente a notificar al presidente del Consejo que el Reino Unido accede a esa prórroga».

«NO NOS FIAMOS» / Desde el despacho de Johnson, en Downing Street, no dieron marcha atrás. Aseguraron que el Reino Unido encontrará la manera de evitar nuevas prórrogas. «El Gobierno cumplirá la ley, que solo impone una tarea específica que consiste en entregar la carta del Parlamento pidiendo una extensión (…), que puede ser interpretada de maneras diferentes». «Pero la ley no impide al Gobierno tomar otras vías para evitar un retraso, incluidas otras comunicaciones, privadas o públicas. La gente debe esperar para ver cómo se reconcilia esto. El Gobierno está dando a conocer a Europa de manera privada su verdadera posición con respecto a un retraso y pronto la hará pública».

Desde hace semanas la sospecha en Westminster es que Johnson y sus asesores han encontrado el punto débil y la triquiñuela para eludir la ley sin incurrir en falta desde el punto de vista estrictamente jurídico. Uno de los demandantes, Jolyon Mau-gham, representante de la asociación antibrexit The Good Law Project, explicó por qué han recurrido a los jueces. «Este no es un primer ministro en el que se pueda confiar. Está haciendo declaraciones contradictorias y no nos fiamos de que vaya a hacer lo que dice en el tribunal que va a hacer. Por eso, queremos que la corte dicte unas órdenes obligándole a ello y si no lo hace que deba hacer frente personalmente a las consecuencias penales».