Alberto Gonzales inició ayer en el Senado su carrera hacia la fiscalía general de EEUU. Lo hizo bajo el asedio de los demócratas y cargando con el peso de sus polémicas opiniones sobre la tortura y a las detenciones sin garantías que hizo durante su etapa como asesor jurídico de la Casa Blanca en la primera legislatura de George Bush.

En la primera de las jornadas de confirmación en el Comité Judicial de la Cámara Alta, el elegido de Bush para suceder a John Ashcroft afirmó su compromiso con la legalidad nacional e internacional. Y mostró su respeto hacia la Convención de Ginebra, la misma cuyas limitaciones en los interrogatorios de prisioneros y otras disposiciones calificó de "obsoletas" y "marginales" en un informe del 2002 considerado una de las raíces de las torturas en Abú Graib y Guantánamo.

TORTURA Preguntado por el presidente del comité, el republicano Arlen Specter, sobre si aprueba la tortura, Gonzales dijo: "absolutamente no". Asimismo, Gonzales evitó su opinión sobre si los abusos de Abú Graib constituyen conducta criminal.

Gonzales será casi con seguridad confirmado. Los republicanos dominan el Senado y los demócratas no quieren quedar marcados rechazando al nominado para el puesto más alto hasta ahora para un hispano.