El fichaje de José Manuel Durao Barroso, expresidente de l aComisión Europea, como presidente no ejecutivo del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs Internacional y asesor para el Brexit se produjo hace casi ya dos meses. Pero lejos de evaporarse, la polémica por este nombramiento ha ido creciendo y al presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, no le ha quedado más remedio que dar un paso al frente y tomar una decisión sin precedentes: investigar el contrato entre el portugués y la compañía y retirarle los privilegios a los que tenía derecho como ex mandatario del colegio de comisarios.
Se trata de la primera vez en la historia en la que el Ejecutivo comunitario decide retirar los privilegios a un ex presidente. Su paso al sector privado, y concretamente a un banco que está en el origen de la crisis financiera de 2008 y que ayudó a maquillar las cuentas al gobierno griego, no ha sentado nada bien ni en la opinión pública ni a nivel político. En adelante, Barroso “será recibido como un lobista más y no como presidente de la Comisión Europea”, explican desde el servicio de portavoces del Ejecutivo comunitario.
PASAR POR EL CONTROL DE SEGURIDAD
Es decir, cuanto toque la puerta de algún comisario, miembro de gabinete o director general de la Comisión Europea deberá inscribir su encuentro en el registro de grupos de interés y perderá el acceso privilegiado a la institución que le corresponde como exalto cargo, lo que significa que tendrá que pasar el control de seguridad y tendrá vetado el acceso especial destinado a las autoridades.
Además, la secretaría general de la Comisión ha pedido a Barroso que le remita el contrato para verificar que cumple plenamente con los principios de discreción e integridad recogidos en el artículo 245 del Tratado. El contenido será examinado por el comité ético, que está formado por tres ex altos funcionarios europeos, y dependiendo del resultado podría llegar a imponer -como ya ha ocurrido en el pasado- condiciones para seguir ocupando el nuevo puesto.
QUEJA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO
Hasta que la Defensora del Pueblo, Emily O’Reilly, remitiera la semana pasada una carta pidiendo explicaciones a Juncker, la Comisión Europea había optado por mantener un perfil bajo en todo este asunto. Se limitaba a responder que se habían cumplido las reglas -el plazo de 18 meses durante el cual los comisarios no pueden hacer lobby para otras empresas- y que por tanto todo era legal. Barroso había dejado el cargo en noviembre de 2014 (20 meses antes) y había accedido a ocupar el nuevo puesto cumplido ese período de cuarentena y, por tanto, no tenía por qué haber pedido permiso por escrito de antemano.
La decisión, admiten fuentes del Ejecutivo comunitario, es “política”. Y es que a dos días del debate sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo y con la reciente polémica entorno al roaming -Juncker dio el viernes la orden de retirar la propuesta sobre la mesa y hacer una nueva- el luxemburgués se arriesga de nuevo a un verdadero rapapolvo en el pleno.
Aunque la defensora del pueblo ha celebrado la celeridad ha advertido que el examen debería realizarse “cuanto antes” de forma que el comité ético pueda pronunciarse en cuestión de semanas. “Este primer paso es una pequeña victoria para los cientos de ciudadanos europeos -muchos de ellos empleados de la Comisión- que habían pedido al presidente Juncker que actuara”, ha valorado Carl Dolan, director de la organización Transparency Internacional.
