"Váyanse. No los queremos por aquí", gritan unos. "¿A dónde?", les responden, del otro lado de un cerco, mientras esquivan las piedras o las devuelven con igual furia. Las ocupaciones de terrenos públicos y privados en el sur de la capital argentina y en la periferia bonaerense desataron una guerra de pobres contra pobrísimos e hicieron aflorar fobias y aversiones sociales que no solo pertenecen a los que más tienen. Iluminaron, también, las zonas oscuras de un país que cierra el año con un crecimiento del 8% y promete frutos similares para el 2011, pero que sigue dejando a muchos al margen de la fiesta del consumo. Los okupas que ganaron notoriedad en los últimos días son apenas una porción de los tres millones de personas con problemas de vivienda.

A unos diez minutos de las luces de los teatros, los museos y los restaurantes, los parques y los paseos inmaculados que visitan embelesados dos millones de turistas extranjeros durante el año, viven lo que el sociólogo Artemio López llamó los "ciudadanos clase Z". Son 750.000, el 25% de los habitantes de la ciudad. Un 50% de ellos habita las llamadas de emergencia, en casas tomadas o asentamientos precarios. En la periferia, la situación es más desesperante. En el 2006 se contabilizaron 363 villas, 429 asentamientos precarios y otros 29 sin clasificar. Ocupan el 2,3% del territorio bonaerense, pero representan el 10% del total de la población bonaerense.

DESESPERANZA BOLIVIANA De ese entorno de desesperanza vino Johny Morales, un boliviano que se estableció aquí hace cuatro años y trabaja en la construcción o en talleres textiles. Se había cansado de morar en la villa, un territorio que los narcos se disputan a balazos, a pocas cuadras de la carretera. Por eso, a los 22 años, decidió sumarse a los 13.000 ocupantes del Parque Indoamericano, cerca de Villa Soldati. El vecindario reaccionó furioso ante lo que llamaron "la invasión". Morales recibió una bala policial que todavía tiene alojada en la cabeza. La ambulancia que lo llevaba al hospital fue interceptada por un grupo de barra bravas que lo siguió golpeando. Morales vivió para contarlo. Ahora no quiere regresar a la villa 1-11-14 que abandonó. Teme que le digan "boliviano usurpador". Le pidió al presidente Evo Morales que lo lleve de vuelta a su país.

La llamada crisis de Villa Soldati dejó tres muertos en el camino (dos bolivianos y un paraguayo). El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, la atribuyó a la indiscriminación descontrolada. El Gobierno nacional le cargó todas las culpas al magnate, pero, para desactivar la toma, se vio obligado a diseñar políticas sociales y de seguridad más eficaces. Desde el pasado jueves, una mujer, Nilda Garré maneja a la Policía Federal. Garré, que antes fue ministra de Defensa, acaba de descabezar a la cúpula de esa fuerza.

Los analistas sostienen que los episodios de violencia y discriminación tal vez no habrían sucedido si el Estado argentino tuviera una política a medio plazo para resolver el déficit habitacional, y si el Gobierno de la ciudad tuviera otra prioridad que el negocio inmobiliario. "Lo que emergió con la toma de Villa Soldati fue la evidencia de cómo vive el eslabón más débil de la cadena", dijo la socióloga Shila Vilker.

Se trata de personas que no pueden pagar ni siquiera el alquiler en las villas: allí les exigen hasta 200 euros mensuales por una habitación. En los asentamientos marginales se reproducen todas las lógicas del "otro mundo". Esas habitaciones costaban hace un año un tercio. El precio fue cambiando al compás de la inflación, que este año es del 30%, o por especulación.

Según Vilker, el Gobierno tiene, a partir de la crisis, una oportunidad histórica de promover una política de desarrollo integral. El censo poblacional divulgado ayer da cuenta que en el país viven casi 41 millones de personas. Un tercio lo hace en la capital y alrededores y la tendencia a la concentración es creciente.

FIEBRE DE SOJA La mayoría de esos inmigrantes no son de países latinoamericanos sino de las provincias argentinas que los expulsa. Parte del crecimiento argentino se basa en la fiebre de la soja, de la cual es el tercer exportador mundial (el ciclo 2010-2011 concluirá con 52 millones de toneladas). Pero la soja no genera empleo. Y los que lo pierden se vienen a capital y sus alrededores. Prefieren ser coyunturalmente los "pobres entre los pobres" pero estar cerca del trabajo y los servicios.

Este modelo ha estallado en las manos a las autoridades y ha dividido las opiniones entre los que buscan una salida al conflicto y los que reclaman dureza. En Rosario y Córdoba se ha encendido la alarma.