El histórico apagón, que el jueves dejó sin electricidad a zonas de Estados Unidos y Canadá donde viven 60 millones de personas, ha puesto de relieve las dificultades que existen en EEUU para aprobar la nueva legislación energética, un complicado entramado de intereses económicos, privados y estatales, en el que están atrapados republicanos y demócratas. El presidente norteamericano, George Bush, congelará, al menos hasta el 2005, un plan para modernizar los sistemas de transmisión eléctrica, paralizado desde hace un par de años por la presión de lobis y financiadores de las campañas de ambos partidos.
NECESIDAD URGENTE
Ayer, el secretario de Energía estadounidense, Spencer Abraham, que codirige el grupo conjunto de investigación de la crisis, insistió en la necesidad urgente de que el Congreso apruebe la propuesta de ley presentada por el presidente, George Bush.
Al mismo tiempo, The Washington Post citaba a una fuente anónima de la Administración para asegurar que Bush apoyará la propuesta republicana de congelar un plan de la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC) que plantea cambios en el sistema de transmisión.
El plan de la FERC incluye crear organizaciones regionales que controlarían el flujo de electricidad entre los estados y supervisarían la actualización del sistema de transmisión, cuyo coste está estimado en 56.000 millones de dólares (49.280 millones de euros, 8,1 billones de pesetas).
FALLOS EN CADENA
La propuesta de la FERC ha motivado desde hace años una intensa oposición política y económica. Los argumentos para proponer el bloqueo durante tres años de ese plan son que, creando redes de transmisión mayores y más interconectadas, aumentaría el riesgo de fallos en cadena como los del jueves.
