Casi tres meses después de que el Tribunal Supremo ilegalizase los controvertidos tribunales militares creados por el presidente de EEUU, George Bush, para juzgar a los presos confinados en la base cubana de Guantánamo, el pasado jueves la Casa Blanca por fin respiró. El Gobierno estadounidense alcanzó un acuerdo con el núcleo de senadores republicanos rebeldes que permitirá la aprobación por parte del Congreso, la próxima semana, de nuevas normas para el interrogatorio y juicio de presos. La prensa liberal, sin embargo, ha criticado el acuerdo.
"Tenemos prisa para que se cierre el tema", subrayó ayer el portavoz presidencial, Tony Snow, aludiendo al receso del Congreso que comenzará en octubre para preparar las elecciones legislativas del 7 de noviembre. Horas antes, Bush había destacado el acuerdo, que puso fin a dos semanas de forcejeo con el trío de senadores rebeldes de su propio partido (John McCain, John Warner y Lindsey Graham). "Abre el camino para hacer lo que los ciudadanos esperan que hagamos: capturar, detener e interrogar a terroristas y, después, juzgarlos", señaló el mandatario. Bush subrayó que el acuerdo "preserva el arma más potente que tenemos para proteger a la nación y desactivar ataques terroristas".
VETO A LA TORTURA La embarazosa rebelión en las huestes republicanas fue desencadenada por la demanda planteada por Bush al Congreso para que las nuevas normas de tratamiento de presos permitiesen a la Casa Blanca redefinir sus obligaciones en este campo bajo las leyes internacionales: las Convenciones de Ginebra. McCain, Warner y Graham exigieron que se prohibiese claramente la tortura de los presos y que Washington prometiera cumplir las Convenciones de Ginebra.
Para acabar con un motín interno que puede dañar a su partido en las próximas elecciones, el presidente aplacó a los rebeldes con dos concesiones: se apeó de su deseo de reinterpretar las leyes internacionales sobre interrogatorios de presos y aceptó que los presos puedan ver las pruebas contra ellos que se muestran al jurado y que, previamente, han sido purgadas de toda información secreta. A cambio --si el Congreso aprueba la nueva normativa--, los presos de Guantánamo podrán ser juzgados por tribunales militares.
Además, la Casa Blanca obtendrá inmunidad retroactiva desde 1997 para los miembros de la CIA y militares, que no podrán ser juzgados por pasadas torturas o malos tratos a presos.
NUEVAS NORMAS Tras el acuerdo entre los senadores republicanos y Bush, las nuevas normas incluirán varias páginas de "violaciones graves" del tratamiento de presos aceptado por las Convenciones de Ginebra --que no serán aplicadas en su totalidad--, incluyendo tortura y diversas formas de asalto y presión psicológica. Sin embargo, no se especificarán las formas de interrogatorio prohibidas.
La prensa liberal y la influyente Unión Americana para las Libertades Civiles (UALC) arremetieron ayer contra el acuerdo. "Pueden continuar los abusos", concluyó The Washington Post en su editorial, en el que se subrayó que "los senadores no autorizan la tortura, pero tampoco la impiden". The New York Times destacó los "graves defectos" que tienen las nuevas normas de interrogatorio porque no impiden "que el presidente reinterprete las Convenciones de Ginebra". El rotativo apeló a la oposición demócrata: "Es hora de que intenten arreglar esta normativa o retrasen su aprobación hasta después de las elecciones".
