El 2004 es año electoral en EEUU y el voto de los hispanos, la mayor minoría del país, va a ser clave para decidir el ganador en las presidenciales del 2 de noviembre. En este escenario, el actual ocupante de la Casa Blanca, George Bush --al que sólo un tercio de los votantes hispanos apoyaron en el 2000-- anunció ayer un plan para regularizar la situación de millones de trabajadores inmigrantes indocumentados en el país. El proyecto, cuyo futuro es incierto por la segura oposición en el Congreso de los republicanos más conservadores, es mirado con recelo por los representantes de los hispanos.

Bush había aparcado este asunto después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Que lo recupere a las puertas de la llamada a las urnas, y que lo haga en forma de una declaración de objetivos y principios y no con un proyecto concreto de ley y que lo defina como un proyecto de "compasión y humanidad" más que económico, ha sido interpretado por grupos como el Consejo Hispano La Raza (la mayor organización de derechos civiles de latinos en EEUU) "más como pose política que política real".

OPOSICION A LA AMNISTIA Según el plan de Bush, un trabajador sin documentación podrá pedir un estatus temporal de empleado, del que podrá disfrutar hasta seis años con todos los beneficios de los trabajadores legalmente empleados. Mientras tenga ese estatus podrá viajar a su país de origen, al que se incentivará el regreso, aunque también podrá optar a pedir la ciudadanía estadounidense.

Pese a que la cifra exacta se desconoce, se calcula que en el país hay entre 8 y 14 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría --probablemente alrededor del 60%-- procedentes de México. El presidente de este país, Vicente Fox, que lleva años persiguiendo la aprobación de medidas similares a las anunciadas ayer por Bush y que se reunirá con éste la semana que viene en Monterrey, calcula que unos 3,5 millones de mexicanos trabajan sin documentación legal en el país norteamericano.

Bush insistió en rechazar que su idea sea una amnistía, pero miembros de su partido consideran que de salir adelante la norma perdonaría a quienes habían violado la ley, algo a lo que se oponen radicalmente. Desde que Ronald Reagan firmó una amnistía en 1986, el número calculado de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país se ha doblado.

OTROS RIESGOS El proyecto, que incluye el aumento de ciudadanías que se conceden, también ha sido criticado por quienes aseguran que ofrecer la legalización a todos los trabajadores sin documentación alargaría años el ya lento proceso para conseguir esa ciudadanía. Según esos críticos, algunos inmigrantes preferirían seguir fuera de la ley que arriesgarse a obtener permisos temporales y ser expulsados después sin conseguir nunca el permiso definitivo.