Canadá seguirá adelante con el proceso de extradición de la vicepresidenta de Huawei en un caso de potenciales efectos catastróficos en sus relaciones con China y que también extiende su alcance a la guerra comercial que libran Pekín y Washington. Ottawa anunció ayer que su Departamento de Justicia autorizó el procedimiento para decidir si Meng Wanzhou será enviada a Estados Unidos. El comunicado oficial justifica que la investigación ha encontrado suficientes evidencias contra la hija del fundador del gigante tecnológico chino.

Meng fue detenida en diciembre en un aeropuerto canadiense cuando embarcaba hacia México por petición de la justicia estadounidense. Se enfrenta a una docena de cargos de fraude y conspiración por transferir equipos tecnológicos a Irán a través de filiales de Huawei en violación del embargo de Washington. El juez canadiense le impuso extremas medidas de vigilancia y una fianza de 7,5 millones de dólares. Meng no puede abandonar la capital, donde reside y posee mansiones en las que cumplirá el arresto domiciliario hasta el final del proceso. La acusada se presentará el 6 de marzo ante el tribunal para conocer la fecha del inicio de la fase oral.

Serán necesarios meses o más probablemente años para el desenlace porque se da por descontado que los abogados de Meng apelarán todas las decisiones del proceso. El caso terminará en las manos del ministro de Justicia, quien posee la potestad para denegar la extradición, y quien tendrá que elegir a cuál de las dos grandes potencias desaira.

China, que denuncia motivaciones económicas y políticas en el caso Meng, no demoró su respuesta a Canadá y EEUU. El Ministerio de Exteriores lamentó «la obstinación canadiense en seguir adelante con ese presunto proceso judicial». Su comunicado reiteraba el perfil político del caso y exigía a Washington retirar los cargos para que Meng regrese «sana y salva» a China. Su embajada en Ottawa habló de «persecución política hacia una ciudadana china».

INTERFERENCIA DE TRUMP / El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en febrero que intervendría en el proceso si beneficiaba a la seguridad nacional o servía para atornillar a China en la guerra comercial. Las matizaciones posteriores sirvieron de poco. A ello se agarran los abogados de Meng. David Martin, al frente de la defensa, mostró su decepción por la decisión «ante la naturaleza política de los cargos» y aludió a las ocasiones en las que Trump aireó su posible interferencia. Y denunció que los cargos de EEUU no son punibles en el ordenamiento jurídico canadiense.

Desde China también se acusa a Washington de frenar con métodos torticeros el avance global de Huawei. La multinacional china es la segunda en ventas de teléfonos en el mundo y lidera la carrera del 5G, la tecnología que definirá el futuro. Estados Unidos ha convencido a sus aliados para que cierren la puerta a las redes chinas aludiendo a que pueden ocasionar brechas en la seguridad nacional.