Solo una pancarta que alzó un agente entre la turbamulta testimoniaba la nueva normalidad en Hong Kong: «Esto es un aviso policial. Estáis mostrando banderas, cantando eslóganes o cometiendo actos de secesión o subversión que pueden ser delitos bajo la ley de seguridad de Hong Kong. Podéis ser arrestados y juzgados». El resto de la jornada respetó ayer la casuística. Se sucedieron los enfrentamientos entre policía y manifestantes, las detenciones y las promesas de luchar hasta el final.
Las primeras protestas bajo la ley aprobada por Pekín se saldaron con 370 detenciones por reunión ilegal, desórdenes públicos, conducción temeraria y posesión de armas. De estas, 10, según informó la policía, fueron por infracciones relacionadas con la nueva ley como mostrar banderas independentistas. Las aglomeraciones se movieron por el centro.
Los manifestantes arrancaron ladrillos del pavimento, levantaron barricadas y prendieron pequeños incendios mientras la policía intentaba dispersarlos con gas pimienta y cañones de agua. Un policía fue herido por arma blanca durante los enfrentamientos.
La jornada, que conmemoraba el aniversario del retorno de Hong Kong a China, iba a medir la salud del movimiento antigubernamental. Es una fecha que subraya la brecha social con solapadas celebraciones y protestas y hoy permite interpretaciones contrarias. El número de manifestantes es apenas una fracción de las multitudes congregadas el pasado año que acabaron tomando a la fuerza el Parlamento local, pero bastan para consignar que la ley no pacificará las calles. El Gobierno local había prohibido las manifestaciones invocando el distanciamiento social que aconseja el coronavirus.
SOFOCAR LAS PROTESTAS / Pekín persigue con el nuevo marco legal sofocar las protestas violentas que durante meses sumieron a la excolonia en el caos. La prensa del interior ha lamentado con estupor que apenas una treintena de los 9.000 detenidos ha acabado en el banquillo de los acusados.
La destrucción del mobiliario urbano, los ataques a policías o las consignas independentistas serán perseguidas ahora, según la ley aprobada recientemente, por subversivas, secesionistas o terroristas y castigadas a penas que oscilan entre los tres años y la cadena perpetua.
El Reino Unido concretó ayer una vía de escape para los hongkoneses en posesión del pasaporte de ultramar que les concedió cuando formalizó la entrega a China en 1997. Son ya 350.000 pero más de dos millones y medio cumplen los requisitos para solicitarlo. Londres informó que podrán quedarse durante cinco años antes de solicitar el estatus de acogida y, tras otros 12 meses, lograr la ciudadanía británica. A la medida no se podrán acoger los nacidos antes de 1997, que suponen el grueso de los manifestantes.
