Hubo nocturnidad. La medianoche del pasado jueves, los diputados chavistas de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobaron la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), un instrumento cuyo objetivo es adecuar el sistema educativo venezolano al proyecto socialista del presidente, Hugo Chávez.

Es una legislación muy polémica, ya que es rechazada por los gremios docentes, las autoridades y los estudiantes de las universidades autónomas, los miembros del sistema educativo privado, las asociaciones de padres y representantes, la Iglesia católica e, incluso, las principales asociaciones de periodistas y trabajadores de la prensa.

Tras la aprobación de la LOE, dirigentes de los partidos de oposición realizaron ayer un acto con representantes estudiantiles para anunciar que se declararán en rebeldía y que promoverán un referendo para revocar la ley.

La nueva LOE fue presentada y aprobada en el tiempo récord de una semana y sometida a una única discusión. Según el expresidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional (AN), José Luis Farías, es una norma ilegal e inconstitucional, pues no se siguieron los procedimientos previstos. Farías explicó que aunque la LOE debió basarse en el texto que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión en el año 2001, se aprobó un articulado completamente nuevo. En su descargo, la actual presidenta de la Comisión de Educación, María de Queipo, aseguró que la ley había sido suficientemente discutida a lo largo de los últimos "10 años".

PREMURA El ministro de Educación, Héctor Navarro, justificó la premura en el hecho de que el Gobierno quiere aplicar la nueva ley a partir del próximo curso escolar, que empieza en septiembre. En términos políticos, se considera que la celeridad deriva de la petición que hizo el presidente Chávez a la AN para lograr que, a finales de este año, no quede en vigor ninguna ley contraria a su propuesta socialista. Las críticas de fondo contra la LOE se centran en elementos como la "excesiva discrecionalidad" que otorga al Gobierno. Según José Luis Farías, se trata de una ley habilitante, pues está cargada de vacíos que debe llenar el Ejecutivo a través de reglamentos posteriores. Añade que la LOE estrangula a los centros de educación privada --al cerrarles la posibilidad de financiarse por vías alternativas las matrículas-- y deja sin sustento a las escuelas religiosas, al quitarle el rango de ley a los subsidios escolares que recibían hasta ahora.

Además, Farías denuncia que la LOE otorga al Gobierno el control absoluto sobre la formación y la carrera docente y cercena la autonomía universitaria, al quitarle a las universidades el control sobre las políticas de admisión y la administración de las plazas. También cuestiona el carácter de "agentes educativos" que otorga a los consejos comunales. Según Farías, se trata de "instancias populares que dependen del presidente de la República --equivalentes a los comités de defensa de la revolución en el régimen cubano--, que se encargarán del proceso de catequización ideológica que quiere el Gobierno".

Uno de los elementos más polémicos de la LOE es una disposición que prevé la sanción de cierre para aquellos medios de comunicación social que difundan mensajes que "produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten en contra de los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y la buenas costumbres, y la salud mental y física de la población".

VIOLENTA AGRESION El jueves por la tarde, mientras repartían pacíficamente dípticos en contra de esta normativa, un grupo de 12 periodistas fueron brutalmente apaleados por simpatizantes chavistas --hasta el punto de necesitar intervención quirúrgica--, entre los cuales presuntamente estaban empleados del canal Avila TV, que depende del Ministerio de Comunicación e Información del Gobierno.