El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha puesto en marcha una cruzada política para recentralizar las competencias delegadas a los estados del país, con el doble propósito de acorralar a los mandatarios de oposición electos en importantes estados durante los comicios regionales de noviembre de 2008 y de poner bajo su mando las últimas instituciones del Estado todavía no sometidas a su control.

Envalentonado por el triunfo en el referendo del 15 de febrero, que le permite postularse para gobernar más allá del 2013, Chávez promueve reformas legislativas para concentrar aún más el poder en sus manos.

Según reza la reforma de la ley orgánica de descentralización, el Ejecutivo central podrá "revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados", al tiempo que podrá "decretar la intervención" de los servicios públicos controlados por las regiones.

Aunque esta reforma apenas entró en vigor ayer, el presidente de la República Bolivariana ordenó el domingo a las Fuerzas Armadas la toma de los puertos de Puerto Cabello, Porlamar y Maracaibo (ubicados en estados en los que gobierna la oposición) y dio instrucciones de encarcelar a los gobernadores si intentan oponerse a estas medidas. Chávez justificó la toma de puertos y aeropuertos por considerarlos "instalaciones estratégicas".

Aunque la reforma se apoya en un fallo del Supremo, portavoces de la oposición venezolana afirman que tanto la reforma como la sentencia del tribunal son inconstitucionales. La Carta establece como competencia exclusiva de las gobernaciones "la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional".

AMPARO AL SUPREMO Pese a que los cinco gobernadores de oposición anunciaron su rechazo a la reforma, no lograron conformar un frente unido. El mandatario de Carabobo, Henrique Salas Feo, ha preferido ir por libre y ha solicitado al Tribunal Supremo una medida cautelar para impedir la reforma. Los mandatarios de Zulia, Miranda, Nueva Esparta y Táchira también han dicho que acudirán a la justicia y que estudian convocar un referendo para consultar a los ciudadanos.

Los 19 gobernadores chavistas han respaldado la reforma por considerar que la ley de descentralización fue redactada en 1989 "bajo el manto de la descentralización administrativa neoliberal", a través de la cual el Gobierno central quedó debilitado para enfrentarse a "procesos de intervención imperial".