Otra vez en el punto de mira, otra vez contratacando como defensa. El Gobierno de Estados Unidos ha sacado su artillería pesada para intentar darle la vuelta al último escándalo de espionaje que cuestiona los límites de su guerra contra el terror , el de las transacciones bancarias de millones de ciudadanos de todo el mundo, desvelado el jueves por The New York Times , Los Angeles Times y The Wall Street Journal . Dispuestos a que no se repita la crisis abierta por la intervención en las comunicaciones telefónicas de estadounidenses, algunos pesos pesados de la Administración de George Bush han emprendido una campaña de defensa del programa de espionaje. En primera línea se colocó el viernes el vicepresidente, Dick Cheney, que acusó a la prensa de "dificultar la prevención de futuros ataques".

"Lo que más me preocupa de estas historias es que algunos medios de comunicación asumen la responsabilidad de desvelar programas vitales de la seguridad nacional y de este modo nos hacen más difícil prevenir futuros ataques contra el pueblo americano. Eso me ofende", dijo Cheney en un acto en Chicago.

EXPLICACIONES A sus palabras se sumó la defensa del programa que realizó John Snow, secretario del Tesoro, el departamento que supervisaba este programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA,) por el que se consiguió el acceso, sin autorización judicial, a millones de transacciones que se registran en una base de datos que mantiene en Bruselas la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Snow dijo que el programa forma parte de una forma de gobernar "responsable. Es gobierno efectivo".

Su subsecretario, Stuart Levy, fue el encargado de ofrecer --en un inevitable y forzado movimiento de transparencia-- una sesión informativa sobre el programa. Explicó que los datos bancarios obtenidos han permitido "al menos decenas de miles y quizá cientos de miles de búsquedas" de personas e instituciones sospechosas de vínculos con el terrorismo, y habló genéricamente del valor de la operación en un número indeterminado de operaciones antiterroristas en EEUU y el extranjero. En concreto, citó la captura en el 2003 del fugitivo de Al Qaeda más buscado en el sureste asiático.

DENUNCIAS REPUBLICANAS Pero los defensores de los derechos civiles no están convencidos. Y, lo que es más grave para la Casa Blanca, tampoco lo están algunos miembros del propio Partido Republicano. El presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, envió el viernes cartas a Snow y al fiscal general, Alberto Gonzales, en las que mostró su incomodidad por el hecho de que la Administración incrementara sus informaciones al Congreso cuando supo que The New York Times iba a publicar la información.

Aunque el escándalo no ha alcanzado aún el impacto que tuvieron las informaciones sobre intervenciones en las comunicaciones de los estadounidenses, la indignación empieza a crecer. "Me preocupa mucho que la Administración Bush pueda estar de nuevo violando los derechos constitucionales de estadounidenses inocentes como parte de otro programa secreto creado tras los ataques del 11-S", dijo Edward Markey, congresista demócrata.