«Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa». En medio de una nueva jornada de movilizaciones, el presidente Sebastián Piñera reconoció ayer que no puede controlar las calles de la capital, Santiago, y anunció que Chile no organizará la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 16 y 17 de noviembre, ni la cumbre mundial contra el cambio climático, COP 25, que debía inaugurarse el 2 de diciembre. El Gobierno de derechas consideraba que su carácter de anfitrión de ambas citas daba cuenta de un reconocimiento internacional. Pero, según El Mostrador, esa estrategia «se ha hundido» como consecuencia del estallido social que se inició el 18 de octubre y cuya crisis amenaza con enquistarse.

La realidad chilena ha entrado en otra dimensión. Según distintos analistas, cuesta todavía comprender cómo el Gobierno desatendió el malestar que se estaba acumulando en la sociedad, al punto de que ni siquiera los servicios de inteligencia advirtieron de las convulsiones que se asomaban en el horizonte y desembocaron en la presencia de más de 1,2 millones de chilenos a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, el pasado viernes.

A estas alturas de la crisis, Piñera, que ya reconoció su «sordera» ante las reclamaciones, prometió una modesta agenda de cambios y renovó su equipo de ministros, se encuentra sin herramientas para retomar la ofensiva política. La suspensión de las cumbres aparece ante los ojos de los analistas como una prueba de su impotencia. La única certeza que tiene el presidente ha venido de la consigna bajo la cual se han convocado las nuevas manifestaciones en las principales ciudades del país: «Esto no ha terminado».

REPRESIÓN POLICIAL / Las movilizaciones integran a la fiesta y el desparpajo de las mayorías, por un lado, y a la violencia de un sector minoritario. La policía militar (Carabineros) ha quedado, además, en el centro de las denuncias por el uso excesivo e indiscriminado de la represión. «Se disparó a mansalva», denunció el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, lamentó la situación. «Le he pedido a la policía que se hagan las investigaciones correspondientes», dijo. Blumel acaba de reemplazar en ese cargo a Andrés Chadwick, primo del presidente Piñera, quien está cerca de afrontar una acusación constitucional por las 20 muertes reconocidas y los 1.233 heridos que ha dejado el estallido social desde su inicio, así como las imágenes de saña de los uniformados con personas de distintas edades que trajeron a la memoria las maneras de la última dictadura militar (1973-90).

El poderoso sindicato de los trabajadores mineros dio un portazo en la cara al Gobierno y aseguró que el diálogo solo será posible si se aclaran asesinatos y violaciones de los derechos humanos.

Unidad Social, la alianza que agrupa a los distintos movimientos que lideran las marchas, se prepara para entregarle al Gobierno una serie de reivindicaciones que considera esenciales para que se desactive el malestar: un salario mínimo de 500.000 pesos (615 euros), una pensión mínima de un monto equivalente, reconocimiento pleno de la libertad sindical, servicios básicos protegidos, reducción de la jornada laboral y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elimine todo vestigio del pinochetismo.

La cancelación de la cumbre del clima en Santiago no implicará que no vaya a celebrarse. La organización baraja varias opciones, pero debido al poco tiempo que falta para su inicio (2 de diciembre) se necesita una ciudad con infraestructuras y capacidad organizativa. Hace unas semanas se ofreció Costa Rica. Sin embargo, la opción que cuenta con más posibilidades es la de Bonn, que ya ha acogido varias cumbres.