Chile se apresta a dejar atrás por medio del voto los nudos institucionales que todavía lo atan a la dictadura del general Augusto Pinochet. Las encuestas previas y el propio clima que ha rodeado a la contienda aguraban un triunfo de la opción "apruebo" para crear una convención constituyente. Hasta el presidente Sebastián Piñera lo ha dejado entrever: "La inmensa mayoría queremos cambiar, perfeccionar nuestra Constitución". El senador de ultraderecha Iván Moreira, uno de los abanderados del "rechazo", reconoció la mañana del domingo la derrota de esa alternativa. "Tenemos los pies sobre la tierra", dijo.
La Carta Magna de 1980 fue reformada varias veces desde que se recuperó la democracia en 1990 bajo la tutela de un Pinochet todavía jefe del Ejército hasta su arresto en Londres en 1998. Pero esos cambios nunca afectaron a su columna vertebral. Los anhelos de arrancar de cuajo la raíz neoliberal forjada sobre la base de las armas no estaba en el horizonte un año atrás. El estallido social del 18 de octubre del 2019 ha redibujado de manera drástica la hoja de ruta y las prioridades de una sociedad hastiada con las desigualdades económicas.
Más allá de la algarabía de las heterogéneas fuerzas que le cantaron la extremaunción a la Carta Magna pinochetista, incluidos sectores de la derecha, el camino que debe conducir a una realidad institucional superadora no está exento de complejidades. No en vano, los chilenos han llamado a la votación de este domingo "plebiscito de entrada" al proceso constituyente. El próximo 11 de abril deberán acudir nuevamente a las urnas para determinar quiénes serán los integrantes de la convención.
Un camino largo
Sea cual sea la variante, esa instancia comenzará a trabajar en mayo del 2021. Los artículos de la Constitución venidera tendrán que ser aprobados por dos tercios de la Asamblea. Sesenta días después de que el texto sea completado, se celebrará el "plebiscito de salida" o ratificatorio. Se estima que eso ocurrirá durante la segunda mitad del 2022.
Entre una y otra consulta transcurrirá un tiempo marcado por las disputas entre modelos de país encontrados. Esos choques reverberarán durante las deliberaciones. De un lado están las facciones dispersas que quieren consagrar en la Constitución un Estado social, con igualdad de derechos y reconocimiento a los pueblos originarios. "La tensión entre calle e institucionalidad sigue muy presente y no parece que se vaya a resolver fácilmente. Es legítimo preguntarse por la capacidad que el proceso constituyente tiene de encauzar un movimiento como el 18-O y las consecuencias que tendría que este fuera excluido o transformado en un invitado marginal", se pregunta el académico Ernesto Águila.
Las principales urgencias
Las principales urgenciasLas expectativas son altas. Una reciente encuesta de Pulso Ciudadano da cuenta de que el 68,6% de la población responsabiliza al Gobierno de derechas de Sebastián Piñera de no haber respondido a las demandas que provocaron las protestas. Las principales urgencias de la sociedad son el problema de las pensiones (un 81,3% de los consulados), la desigualdad (76,8%) y el coste de la salud (68%).
Aquellas corrientes políticas que aceptaron abandonar el legado de Pinochet pero no quieren ir tan lejos en las reformas tratarán de jugar su carta en la convención. Los que votaron en contra de arrojar por la borda la Carta Magna de 1980 no cesarán en sus advertencias sobre los peligros que se ciernen sobre el país de la región que tuvo mayor crecimiento de su economía en las últimas décadas. El joven Axel Kaiser se ha convertido en su portavoz más elocuente. No en vano uno de sus libros más buscados es 'La Tirania De La Igualdad'. Para Kaiser, esas aspiraciones son engañosas y pueden llevar a Chile por una senda de perdición que compara con Argentina o Venezuela.
"Estamos navegando en medio de una tormenta y la democracia puede naufragar", sostiene el antropólogo social Pablo Ortúzar. "Mi esperanza es que logremos un nuevo pacto entre clases sociales que sea legítimo, y que ese pacto incluya una tregua de élites. El sueño sería tener en 20 o 30 años un país donde el sistema de vida de quienes no son ricos sea sustentable y digno". Esas aspiraciones podrían ponerse en entredicho si Joaquin Lavin gana en las presidenciales del 2021 a pesar de que el país tenga una Carta Magna de progreso. El derechista se ha sumado al 'apruebo' y promete, como un sastre, un Chile "a medida" de cada ciudadano. Su pasado llama sin embargo a cierta sospecha.
