La decisión de juzgar a Jacques Chirac por "desvío de fondos públicos" y "abuso de confianza" tuvo ayer el efecto de una bomba en Francia. Por primera vez, un presidente de la República se sentará en el banquillo de los acusados. A los 76 años, el que fuera jefe del Estado entre 1995 y el 2007 deberá rendir cuentas ante la justicia por un asunto relacionado con contrataciones ficticias durante la época en que fue alcalde de París, cargo que ocupó de 1977 a 1995.

Si el proceso se pone en marcha con tanto retraso es porque durante los 12 años que pasó en el Elíseo, Chirac estaba bajo la inmunidad que protege a todos los presidentes del país. No se le podía juzgar. Una veintena de años después de los hechos, y tras librarse de varios asuntos judiciales, este es el único caso que ha desembocado en el procesamiento del expresidente conservador. Además, contra pronóstico, ya que el fiscal había pedido que se archivara la causa.

En cambio, la jueza de instrucción, Xavière Simeoni, ha visto indicios de que Chirac y otras nueve personas están relacionadas con la creación de 21 empleos ficticios encargados de llevar a cabo misiones inexistentes. Entre los supuestos beneficiarios de estos contratos figuran un nieto del general Charles de Gaulle, Jean de Gaulle, y François Debré, hermano de Jean Louis Debré, presidente del Consejo Constitucional. Ambos están entre los procesados.

El expresidente recibió la noticia en Marruecos, donde se encuentra de vacaciones con su familia. "Está sereno y decidido a demostrar ante el tribunal que ninguno de los empleos corresponde a un trabajo ficticio", informó el servicio de prensa de Chirac. Su sucesor, Nicolas Sarkozy, evitó reaccionar en aras de la separación de poderes. "Si alguien no puede hacer el más mínimo comentario, soy yo, sean cuales sean mis sentimientos por Jaques Chirac", dijo el presidente tras recordar que respetaba la "independencia de la justicia". Sarkozy optó a la presidencia tras imponerse en su partido frente al delfín de Chirac, Dominique de Villepin.

"PRUEBA DOLOROSA" En las filas de la derecha, los colaboradores del antiguo presidente lamentaron la situación, que calificaron de "prueba dolorosa" en el final de la carrera política de un dirigente apreciado por los franceses. "Hubiera preferido que le hubieran dejado al margen de todo. El encarnizamiento no es deseable", declaró el diputado conservador y antiguo ministro de Chirac Jean-François Lamour. La izquierda celebró que la justicia haya actuado demostrando que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

"Esta decisión recuerda la importancia de conservar un juez de instrucción independiente", clamó el portavoz del Partido Socialista, Beno®t Hamon, en alusión a la polémica reforma de la justicia que planea Sarkozy y pretende suprimir esta figura. Como sucede con frecuencia, la excandidata socialista, Segolène Royal, se desmarcó de su partido reclamando "respeto por la función presidencial" y pidiendo que se deje "tranquilo" a Chirac. Royal puso el dedo en la llaga al advertir de que este asunto judicial, que se añade a otros procesos judiciales relacionados con la corrupción en las altas esferas del Estado, perjudica la reputación de Francia en el mundo.

También ha afectado profundamente a la opinión pública francesa, que asiste consternada a la culminación de unas semanas funestas para la imagen de sus políticos. Después del largo y aparatoso juicio del caso Clearstream, en el que Villepin se ha sentado en el banquillo por haber conspirado contra Sarkozy, esta semana ha caído la sentencia del Angolagate. El propio Chirac se había visto envuelto en otros cinco asuntos judiciales --relacionados también con la época de la alcaldía-- en los que se libró de declarar gracias a la inmunidad presidencial.