Varios inspectores del Ministerio de Economía palestino entran en un supermercado de Ramala. Cada uno porta un libreto con el nombre y el logotipo de marca de 500 productos fabricados en los asentamientos judíos de Cisjordania y vendidos en el mercado palestino. Tras peinar el establecimiento, dan con unos botes de pimiento, pasta de dátiles y golosinas fabricadas en las colonias. Los meten en una bolsa. Más tarde serán destruidos. "No sabía que venían de los asentamientos", se excusa el dueño, Raed Hassun. "Voy a apoyar la campaña, quizás ayude a acabar con la ocupación", añade.

Escenas semejantes se repiten por toda Cisjordania desde que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) aprobara el 26 de abril una ley que prohíbe la venta de productos de los asentamientos en su territorio. Tratándose de la primera falta, Hassun no tendrá que pagar una multa, pero los reincidentes se exponen a sanciones de hasta 12.000 euros y cinco años de cárcel. La ley también contempla castigos para transportistas y distribuidores.

La campaña forma parte de los esfuerzos del primer ministro, Salam Fayyad, para crear una economía sostenible y levantar instituciones estatales antes de agosto del 2011, cuando aspira a declarar unilateralmente el Estado palestino. "Queremos seguir cooperando con Israel, pero no con sus asentamientos. Sus productos se fabrican en nuestras tierras y con nuestros recursos", dice el director de la campaña, Haytham Kayali.

FOLLETOS CASA POR CASA La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Unos 3.000 voluntarios distribuyen casa por casa folletos con las marcas de las colonias para concienciar a la ciudadanía y 80 inspectores rastrean Cisjordania a tiempo completo. De momento han confiscado 2.200 toneladas de frutas y verduras, cosméticos, muebles, productos químicos o material industrial. Su valor en el mercado asciende a más de cuatro millones de euros.

Para la economía israelí es una cantidad insignificante, pero en los asentamientos, cuyas empresas se benefician de subvenciones estatales, algunos se están resintiendo. Según el Washington Post, 17 compañías se han visto obligadas a cerrar y otras barajan trasladarse fuera del territorio ocupado, como el año pasado hicieron una multinacional sueca y una bodega israelí por temor al boicot a sus productos en Europa.

El Gobierno israelí ha puesto el grito en el cielo, acusando a los palestinos de torpedear su oferta de paz económica y el clima pretendido con la reanudación del diálogo indirecto. "Se creen que todo está permitido. Hacemos su vida más fácil y, encima, se oponen a la paz econó- mica", dijo ayer su primer ministro, Binyamin Netanyahu. Los palestinos insisten en que no quieren la paz económica. Quieren el fin de la ocupación.