La sombra de los atentados de Londres impulsó ayer a la Cámara de Representantes de EEUU a renovar las principales disposiciones de la ley patriótica, aprobada tras el 11-S con el fin de aumentar los poderes del Gobierno para investigar a los ciudadanos en el marco de la lucha antiterrorista. La votación decidió convertir en permanentes 14 de las 16 disposiciones que debían expirar a fin de año. De todos modos, el texto deberá ser refrendado también por el Senado para poder entrar en vigor.
La decisión de la Cámara baja del Congreso estadounidense representa una clara victoria para el presidente, George Bush, que ha abogado incansablemente por esta norma. "La ley patriótica es una pieza clave de nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo y proteger a los estadounidenses", declaró Bush tras la votación, celebrada en la madrugada de ayer tras un debate que duró 11 horas. Los republicanos apoyaron mayoritariamente hacer permanente la ley y tuvieron el apoyo de 44 demócratas, con lo que la victoria de Bush se consiguió por 257 contra 171 votos.
Lo único que no se ajustó a los deseos del presidente fue que la prórroga de las dos disposiciones más duras deberá revisarse dentro de 10 años. Son medidas que permiten al Gobierno pinchar los teléfonos de los sospechosos, así como acudir a un tribunal secreto para obtener permiso para solicitar sus datos: historiales médicos, los libros que compran o sacan de las bibliotecas o sus actividades financieras. Algo que los críticos han equiparado con una especie de Gran Hermano.
"Se ha perdido una oportunidad de realizar mejoras reales en la ley patriótica, enmiendas que protejan nuestras libertades civiles y restauren el equilibrio de control del poder", clamó la más persistente de las organizaciones críticas, la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Los republicanos lograron añadir disposiciones que permitirán aplicar a los delitos terroristas de sangre la pena de muerte. Además, se ha creado el delito de narcoterrorismo para castigar a los que usen los beneficios del tráfico de drogas para financiar atentados.
En Italia, los delitos de terrorismo serán equiparados a los de las mafias: las expulsiones de sospechosos podrán ser inmediatas, los datos sobre tráfico telefónico e internet se guardarán dos años y los fiscales podrán autorizar la toma de saliva para análisis de ADN. Estas son algunas de las medidas incluidas en un decreto de ley aprobado ayer por el Gobierno italiano.
