La presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, Cilia Flores, calificó este miércoles de "injerencista" la moción que aprobó el pleno del Senado español por la mañana en la que se insta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a "realizar las gestiones necesarias ante las autoridades venezolanas" para garantizar "los derechos a la defensa y demás derechos fundamentales" en los procesos penales abiertos "contra personalidades opuestas al Gobierno". "El Senado español no tiene competencia para tomar decisiones de esta naturaleza, ni para evaluar los procesos penales de otros estados, y evidentemente está bastante desinformado acerca de las libertades que gozan todos los venezolanos y venezolanas", asegura la presidenta del Congreso en un comunicado.
Aunque la moción fue promovida por el grupo parlamentario de senadores nacionalistas vascos y respaldada por todos los grupos políticos salvo el PSOE y Entesa, Flores cargó contra "la derecha española" y "en especial el Partido Popular" por sus "práctica autoritarias y dictatoriales" que "son del conocimiento público". "La derecha española, en especial el Partido Popular, cuyas prácticas autoritarias y dictatoriales son del conocimiento público, no tiene ninguna moral para poner en tela de juicio a los Poderes Públicos venezolanos, al Gobierno del Presidente Chávez ni a la Constitución de nuestro país", subrayó en el comunicado.
Flores lamentó que la moción saliera adelante con "la lamentable y vergonzosa complicidad de algunos senadores que se autodefinen como socialistas", los mismos que, a su juicio, "apoyaron el golpe de Estado" contra el presidente, Hugo Chávez, en 2002 y "participaron en la invasión a Irak en 2003". "No cabe duda que quienes aprobaron dicha atrocidad son senadores herederos de los viejos colonialistas derrotados por el valor de los pueblos de estas tierras libertadas por la espada gloriosa del Libertador de América", aseguró.
En este sentido, instó a quienes apoyaron la moción a informarse sobre el país para "conocer más de cerca una verdadera democracia donde la soberanía reside en la voluntad popular" y recordó que Venezuela "es un país independiente y soberano desde 1811 y que no aceptamos la injerencia de ningún país en nuestros asuntos internos". "Exigimos respeto a nuestras instituciones y a nuestro ordenamiento jurídico y le recordamos al Senado español que somos la misma nación que liberó Bolívar", concluyó.
LA MOCION
La moción, defendida por el diputado del Partido Nacionalista Vasco Iñaki Anasagasti, lamenta que los derechos procesales "más elementales" de "detenidos con carácter político" en Venezuela "son reiteradamente ignorados" y que "las víctimas son difamadas en los medios de comunicación, son imputados sin fundamento, detenidos arbitrariamente y sus derechos a la defensa son vulnerados reiteradamente". "En la tramitación de procesos judiciales contra opositores políticos, líderes sociales, empresarios, profesionales, periodistas o estudiantes, se produce una clara y reiterada quiebra de los derechos de la defensa", algo que, de acuerdo con la moción aprobada, "refleja el deterioro del funcionamiento de las instituciones judiciales en Venezuela".
Asimismo, el pleno del Senado critica en la moción que jueces y fiscales venezolanos "reciben rutinariamente el encargo de imputar cargos criminales contra objetivos políticos del Gobierno". La moción pone de relieve asimismo que la lista de presos, represaliados, perseguidos o exiliados en Venezuela "es larga", aunque destaca los casos del estudiante Julio César Rivas que fue detenido durante 20 días por participar en una manifestación contra la polémica Ley de Educación el pasado mes de agosto, así como el del empresario y banquero Eligio Cedeño, detenido en febrero de 2007 como medida preventiva, más allá del plazo que fija la ley, sin que le imputaran cargo alguno en su contra en el momento de su detención.
El Senado reclama en la moción que "se imponga el derecho constitucionalmente reconocido de toda persona de ser juzgada en libertad", de manera que se limiten "las situaciones de prisión preventiva" en Venezuela, tal y como avala la propia Constitución del país latinoamericano. El grupo de senadores nacionalistas vascos justiticó la intervención del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero porque éste "ha hecho de la defensa del respeto de los derechos humanos en el ámbito internacional una de sus prioridades".
