Silvio Berlusconi puede ser procesado aunque sea primer ministro. El Tribunal Constitucional decidió ayer que la ley de inmunidad aprobada por los conservadores para los primeros cuatro cargos del Estado no es conforme a la Constitución. Nueve de los quince jueces votaron contra una ley, llamada laudo Alfano, bajo el argumento de que no respeta el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Al mismo tiempo, apuntaron que de querer cambiar el principio, debía de haberse hecho con una reforma de la Constitución y no a través de una ley ordinaria.

La sentencia de inconstitucionalidad total impide que el Gobierno apruebe ahora una nueva ley de inmunidad sin pasar por un cambio constitucional, que no conseguiría lograr en el Parlamento ya que necesita la colaboración de al menos una parte de la oposición.

Nada más conocerse la decisión de la más alta instancia judicial del país, se desencadenó un alud de reacciones impulsivas para todos los gustos y empezaron a difundirse las informaciones más estrafalarias, como que algunas calles de Roma habían sido aisladas al tráfico motorizado. Algún helicóptero revoloteó por los cielos del centro de la capital, mientras decenas de informadores y televisiones de todo el mundo abandonaban la sede del Constitucional.

CRITICAS A LOS MAGISTRADOS "Con o sin inmunidad, seguimos adelante. Tenemos que gobernar cinco años. Me importa un bledo todo esto. Y a los italianos les importa un bledo. A mi me da energía. Viva Italia y viva Berlusconi", exclamó, ufano y a la vez tenso el primer ministro en su primera reacción pública. A su juicio, "con un tribunal formado por 11 jueces de izquierdas, era imposible que se aprobase todo ésto". Poco antes, una nota oficial de la presidencia del Gobierno calificó la sentencia judicial como "política".

El jefe de los senadores del partido conservador (PDL), Mauricio Gasparri, declaró que "la corte, otrora Constitucional, desde hoy ya no es un órgano de garantía, porque ha emitido una decisión política". "La única explicación es que el tribunal se ha colocado en la línea de ataque a Berlusconi", añadió Fabricio Cicchitto, jefe de los diputados del PDL. Umberto Bossi, de la Liga del Norte, aliada de los conservadores, declaró por la mañana que, frente a una declaración de ilegitimidad de la ley sobre inmunidades, "habría que llamar al pueblo a levantarse".

Pierferdinando Casini, líder de los centristas del UDC, salidos de las filas conservadoras, llamó a la calma, explicando que "no se trata del juicio universal" y que "con los votos de los electores, el Gobierno debe continuar trabajando y ocuparse de los problemas de los italianos, que vienen antes que los de Berlusconi". Los abogados del primer ministro habían argumentado ante el Constitucional que la derogación de la impunidad enredaría al dirigente en un sinfín de procesos que le impedirían gobernar. Antonio Di Pietro (IDV) invitó a Berlusconi "a dejar de hacer leyes para su propio uso".