El Tribunal Constitucional italiano propinó ayer un nuevo revés al primer ministro Silvio Berlusconi, al declarar inconstitucionales dos importantes artículos de la ley de extranjería, que permitían al Gobierno de Roma deportar a un inmigrante sin papeles sin garantías de defensa y apelación, y poner bajo arresto a aquellos que se nieguen a acatar una orden de expulsión. La corte sentenció que un emigrante indocumentado no puede ser expulsado si antes no ha podido defenderse ante un juez y no ha contado con un abogado.

La sentencia establece que los artículos 3 y 13 violan los derechos constitucionales de igualdad ante la ley. Además, sucede en un momento delicado, cuando Berlusconi se afana en mantener la coalición de Gobierno. Ayer, los centristas de la Unión Demócrata del Centro (UDC) descartaron abandonar el Ejecutivo.

Las formaciones políticas que impulsaron la ley no disimularon su descontento. Roberto Calderoli, vicepresidente del Senado y uno de los líderes de la Liga del Norte, criticó la sentencia, que, en su opinión, "es ideológica y va contra la voluntad popular", y está dictada "por picapleitos que no se han puesto de parte del pueblo".