La comisión parlamentaria que investiga las denuncias de corrupción que tienen en vilo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y, a la vez, amenazan con golpear a sus adversarios, recomendó ayer la detención de Marcos Valerio Fernandes, el publicista acusado de administrar la "caja negra" con la que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) pagaba una "mensualidad" de miles de dólares a 70 diputados del centroderecha a cambio de su apoyo en el Congreso. La Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) hizo esa sugerencia ante la posibilidad de que Valerio destruya documentos personales que pueden resultar reveladores.

El escándalo de las "mensualidades" estalló hace 50 días y, desde entonces, Lula enfrenta a diario una tormenta política que ya descabezó al PT y a parte del entorno del presidente. El pasado martes, Renilda de Souza, la esposa de Valerio, dijo ante la CPI que el exministro de la Presidencia y mano derecha de Lula, José Dirceu, era el responsable de los fondos destinados a comprar las voluntades de los amigos del Gobierno.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y el Frente Liberal (PFL, derecha) son los principales azuzadores del fuego de la crisis. "Nosotros no hablamos de impeachment (juicio político) ni vamos a hablar de ello. Pero si los hechos hablan, nosotros no vamos a impedirlo", dijo el líder del PFL Agripino Maia.

Sin embargo, el escándalo de las "mensualidades" ya no sólo afecta al PT: a medida que se conocen más detalles, se convierte en un bumerán para quienes buscan sacar rédito de la situación. En las últimas horas, el trabajo de la CPI ha permitido demostrar que los sobornos han desbordado las fronteras del Congreso y han beneficiado a jueces, intendentes, ONG --entre los implicados se encuentran los organizadores del Foro Social Mundial, la cumbre altermundista de Porto Alegre-- e incluso a dirigentes de la oposición.