Costa de Marfil celebra hoy unas elecciones municipales y regionales boicoteadas por la oposición, que lidera el expresidente del país Laurent Gbagbo, y a las que están llamados a las urnas seis millones de ciudadanos.
La mayor parte de los colegios electorales abrieron con al menos una hora de retraso, debido a problemas en la entrega del material electoral.
Según los medios locales, la afluencia en las urnas era baja a media jornada.
Estos comicios tienen lugar dos años después de las elecciones presidenciales de 2010, tras las que murieron unas 3.000 personas en actos de violencia entre partidarios del entonces derrotado Gbagbo y los del actual presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara.
"Espero que estas elecciones sean pacíficas y todo el mundo vaya a votar", dijo hoy Ouattara.
Como ya hizo en las legislativas de 2011, el opositor Frente Popular Marfileño (FPI) de Gbagbo llamó al boicot al considerar que su formación está "excluida" del proceso electoral.
El FPI no ha presentado candidatos y ha llamado a la abstención a sus seguidores.
La formación exgobernante ha adelantado que no reconocerá los resultados de lo que tildó de "mascarada electoral".
Los partidarios de Gbagbo -acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI) y encarcelado en La Haya- piden una revisión de la ley electoral y un cambio en la composición de la Comisión Electoral Independiente.
El representante de la ONU en Costa de Marfil denunció "inaceptables actos de intimidación" y episodios de incitación al "odio" durante las dos semanas de campaña electoral.
La decisión del exgobernante FPI de boicotear los comicios regionales y municipales se produce tras unas fallidas negociaciones con el Gobierno que preside Ouattara.
Estas conversaciones se atascaron en temas como la exigencia, por parte del FPI, de una ley de amnistía para los antiguos dirigentes del anterior Gobierno y la liberación de Gbagbo y los demás responsables de su formación en diferentes prisiones del país.
Costa de Marfil está sumida en un complicado proceso de reconciliación nacional, después de la violencia desencadenada tras las elecciones del 28 de noviembre de 2010.
En esos comicios, Gbagbo no reconoció su derrota pese a que Ouattara fue declarado vencedor, lo que desató una cruenta crisis de cinco meses que enfrentó a fuerzas leales a uno y otro político.
Al menos 3.000 personas murieron, otras 32 están desaparecidas y 500 fueron detenidas de forma arbitraria en actos de violencia posteriores a los comicios, según la Fiscalía de la CPI.
Tras ser detenido el 11 de abril de 2011, Gbagbo fue trasladado el 29 de noviembre de ese mismo año a la CPI, que le imputa cuatro cargos de lesa humanidad, entre ellos violaciones, asesinatos y persecuciones dirigidas contra partidarios de Ouattara.
