El Gobierno de centroderecha los Países Bajos, encabezado por el primer ministro Mark Rutte, se encuentra sumido en un escándalo que podía acarrear la dimisión del Ejecutivo en pleno. La prensa holandesa se hace eco un caso de subvenciones en las que muchas familias fueron acusadas injustificadamente de fraude entre 2013 y 2019. Un informe de una comisión de investigación parlamentaria publicada en diciembre pone de relieve que funcionarios pusieron fin a las subvenciones de miles de familias antes de obligarlas a restituir de forma retroactiva el dinero percibido durante varios años, en algunos casos decenas de miles de euros, dejando a cientos de personas desprotegidas y arruinada. En un Consejo de Ministros previsto para este mediodía, el Gobierno de Rutte debe decidir si presenta la dimisión en bloque.

Eva González Pérez, abogada española que ejerce desde hace dos décadas en Países Bajos, destapó el mayor escándalo político y administrativo de la década de Gobierno de Mark Rutte: la ilegalidad institucional en la aprobación de ayudas a 26.000 padres, en su mayoría de origen extranjero, para los cuidados de sus hijos.

Decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de acusaciones infundadas de fraude en la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos y fueron obligados a devolver cantidades ingentes de dinero, a veces de hasta 100.000 euros, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa y su trabajo.

Las deudas rompieron familias e hicieron a otras trabajar día y noche para reunir el dinero recibido durante años. Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido, algo que el gobierno neerlandés quiere compensar ahora con una indemnización de 30.000 euros que evite la dimisión del Ejecutivo en bloque.