Tras una tensa cumbre, calificada de difícil y decepcionante por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el primer ministro israelí, Ariel Sharon, autorizó ayer al presidente palestino, Mahmud Abbas (Abú Mazen ) a iniciar los preparativos para la reapertura del aeropuerto Yasir Arafat de Gaza, al tiempo que anunció el traspaso a la ANP, en dos semanas, de las ciudades de Kalkilia y Belén. Todas estas concesiones israelís sólo se harán realidad si la ANP controla a los grupos armados, según exigió el primer ministro israelí.

La primera cumbre entre un primer ministro israelí y un presidente palestino en Jerusalén --en la residencia de Sharon-- duró más de dos horas y se produjo en una atmósfera cargada, como lo demuestra que ambos líderes ni posaron juntos ni comparecieron ante la prensa.

SIN RESPUESTAS PARA LA ANP De hecho, Ahmed Qurei, el primer ministro palestino, calificó la reunión de "difícil", en declaraciones a la prensa en Ramala, y se quejó de la "falta de respuestas positivas" en todos los asuntos importantes para la ANP.

El encuentro, que en principio debía centrarse en la "coordinación" de la retirada de Gaza --tras el "empujón" recibido durante la reciente gira de la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice por Oriente Próximo--, viró hacia el repunte de la violencia en las horas precedentes a la cumbre.

El aumento de la tensión se reflejó en la decisión, tomada ayer por el Ejército israelí, de retomar los asesinatos extrajudiciales de miembros de la Yihad y de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, responsables de los últimos ataques en Gaza.

El líder israelí indicó también su disposición a considerar la excarcelación de una nueva tanda de presos, y anunció que sopesará el regreso a Cisjordania de algunos deportados a Gaza.

POSIBLE GUERRA CIVIL Pero Sharon también exigió el fin de los ataques de los grupos armados, una demanda que ya había planteado a Rice el domingo: "No habrá negociaciones sobre el proceso de paz si no se desmantelan las milicias". Abbas teme el estallido de una guerra civil entre palestinos si cumple con esta exigencia israelí.

Mientras tanto, la fiscalía de Israel reconoció ayer que la construcción del muro de separación en Jerusalén responde a consideraciones políticas, además de seguridad. Así consta en un documento que la fiscalía entregó al Tribunal Supremo, que estudia las demandas contra el muro.

El muro de separación serpentea por los barrios árabes de Jerusalén, donde viven más de 240.000 palestinos, y los aísla del centro de la ciudad.