El pulso sobre el proyecto de liberalización del sector de servicios y la defensa del modelo social europeo marcó la primera jornada de la cumbre de primavera de la Unión Europea (UE). Durante las discusiones de los jefes de Estado y de Gobierno estuvo presente el temor a que la polémica liberalización pueda favorecer el rechazo de la Constitución europea en el crucial referendo francés del 29 de mayo.
El objetivo inicial de aprovechar la reunión de los Veinticinco para reactivar el programa de modernización económica de la UE se vio ensombrecida por la batalla política entorno al controvertido proyecto de ley para liberalizar de forma radical el sector de servicios, adoptado por la anterior Comisión Europea.
DUMPING SOCIAL El peligro de que ese proyecto abra la puerta al dúmping social, laboral y tributario en la UE ya dominó la cumbre de los dirigentes comunitarios con la patronal y los sindicatos, previa al Consejo Europeo. El primer ministro luxemburgués y presidente semestral de la UE, Jean-Claude Juncker, reconoció que no podía aceptar la redacción actual del proyecto y que se imponía una serie de cambios en el texto. No obstante, Juncker se opuso a la retirada del proyecto de liberalización y la presentación de uno nuevo completamente diferente, como pidió la Confederación Europea de Sindicatos (CES). "Decimos sí a la liberalización de los servicios, pero decimos no al dúmping social", resumió Juncker.
OPOSICION DE CHIRAC El presidente francés, Jacques Chirac, acudió a la cumbre con la intención de "hacer tabla rasa" del proyecto de liberalización, que considera "inaceptable para Francia". Chirac exigió que se excluyan los servicios públicos del campo de aplicación de la directiva, que se garanticen las condiciones de competencia leal, que respete la diversidad cultural y que se evite todo riesgo de dúmping social. Alemania, Suecia, Dinamarca y Bélgica también reclamaron un cambio sustancial de la propuesta.
El proyecto de liberalización tiene sus principales apoyos en Gran Bretaña y en los países del Este. "La propuesta es buena para Europa", destacó la delegación británica. El primer ministro eslovaco, Mikulas Dzurinda, declaró que "hay que estar a favor de la liberalización y no por el proteccionismo".
España es partidaria de excluir los servicios públicos y algunos servicios de interés general del campo de aplicación de la liberalización, explicó el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Sin embargo, España no encuentra problemas especiales en el principio de país de origen, cuestionado por Francia y que permitirá a una empresa ofrecer sus servicios en otros estados de la UE siempre que respete la legislación de su país de origen.
Los líderes ratificaron sin cambios la suavización del pacto de estabilidad sobre el control del déficit público acordada el pasado domingo por los ministros de Economía, pese a las críticas del Banco Central Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno encargaron a la Comisión prepare la modificación de los reglamentos de disciplina presupuestaria para adaptarlos a la reforma.
