La desaparición de los 43 de Ayotzinapa sigue complicándose

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló hoy que cuenta con un testigo que implica a policías del municipio de Huitzuco y a dos agentes federales en el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela para maestros Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

"Hoy damos a conocer información que daría a presumir la participación de elementos de Huitzuco (estado de Guerrero) y elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos en el denominado puente de El Chipote, en Iguala", dijo en rueda de prensa el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

En ese punto, por donde transitaba uno de los autobuses con estudiantes de Ayotzinapa, llegaron varias patrullas de policías de Huitzuco, localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Iguala, así como patrullas de este último municipio y dos agentes federales.

Según la nueva versión, la noche del 26 de septiembre de 2014, los policías de Huitzuco podrían haberse llevado entre 15 y 20 estudiantes que se encontraban dentro del vehículo, lo que daría pie a la configuración de una "segunda ruta de desaparición".

Dicha hipótesis difiere de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), que establece que los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basurero en el municipio vecino de Cocula.

Por su parte, la PGR emitió un comunicado en que afirmó que "ha sido receptiva con los planteamientos hechos por las diversas instancias en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales", en el marco de las investigaciones del caso.

"En el caso concreto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicitaron medidas cautelares para la protección y salvaguarda de una persona, interviniente en el procedimiento penal, quien refiere la probable participación de elementos de otros cuerpos policiales" en los hechos de septiembre de 2014, apuntó.

En razón de lo anterior, expuso, la PGR estableció "de manera oportuna y a satisfacción del interviniente, las medidas cautelares necesarias e idóneas para preservar su seguridad e integridad, así como las de su entorno familiar".

"Esta representación social profundizará en esta línea de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que correspondan y respondan a los planteamientos que hoy realiza la CNDH", añadió la PGR.

Finalmente, reiteró que continúa con la investigación del caso "a efecto de que se sancione a todos y cada uno de los responsables de tan lamentable suceso".

En tanto, los padres de los 43 informaron hoy que presentarían una denuncia ante la PGR por el espionaje telefónico que sufren desde hace más de un año.

Al término de una reunión con la fiscal general, Arely Gómez, en la que se les informó sobre los avances de la investigación, los padres convocaron una rueda de prensa en la que proclamaron que hay quienes quieren "criminalizarlos" y provocar fracturas en su movimiento.

"Hace un año cinco meses teníamos intervenidos nuestros teléfonos, saben lo que hacemos", aseveró uno de los padres, Mario César González, y mostró un documento del que dijo que era una demanda contra quien "resulte responsable del espionaje de esas llamadas".

"Y quién tiene la capacidad o los métodos para dicho espionaje sino la Procuraduría, el Gobierno, el que nos está vigilando, que no quiere que se sepa la verdad", abundó.

Este miércoles se filtró una presunta llamada de Vidulfo Rosales, abogado de los padres, en la que se quejaba del comportamiento de estos y los llamaba "indios piojosos".

Además, recientemente apareció un vídeo con una grabación telefónica que insinuaba que los padres habrían recibido dinero del crimen organizado, una acusación que ellos negaron.

"Si pensaban que su criminalización a los padres nos iba a separar, al contrario, nos unió más", aseguró González.

Los familiares reiteraron su deseo de que se renueve el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, pese a que el Gobierno descarta que continúen en el país después de que entreguen los resultados de su labor a finales de mes.

Los miembros del GIEI "han dicho la verdad, nos han tratado a los 43 padres de familia como seres humanos, no como la Procuraduría, como una basura", consideró uno de los familiares.

Por la noche, la PGR indicó en un comunicado que el abogado Rosales presentó en las instalaciones de la institución "una denuncia por la presunta intervención de comunicaciones privadas".

Añadió que la denuncia fue turnada de manera inmediata, para su atención, a la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo.