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Masacres masivas

La desaparición de archivos de la guerra civil causa indignación en El Salvador

Una organización defensora de los derechos humanos pide a la Físcalía investigar el paradero de estos documentos relacionados con violaciones por parte del Ejército en contra de la población civil durante el conflicto armado

 

Protestas por masacres contra campesinos en El Salvador. - EFE

EL PERIÓDICO
28/09/2020

El jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) de El Salvador, pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue la supuesta desaparición de archivos militares relacionados con violaciones de derechos humanos perpetrados por el ejército durante la guerra civil (1980-1992), informó este domingo la institución.

Un portavoz del Idhuca, señaló que el aviso se dará a raíz de "lo expresado por el presidente de la República", Nayib Bukele, sobre la supuesta destrucción de la mayoría de documentos relacionados con una masacre de 1.000 campesinos en 1981 en El Mozote (noreste).

Polémica con Bukele

"La mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años", sostuvo el jefe de Estado durante una cadena nacional de radio y televisión en la que presentó cinco cajas pequeñas con documentos supuestamente relacionados con la matanza y que tenían etiquetas con los números de años recientes.

El mandatario defendió el bloqueo que el Ejército hizo a una diligencia judicial de búsqueda de archivos, por el supuesto peligro de que se dieran a conocer planes secretos actuales.

Bloqueos a las investigaciones

El juez instructor del proceso de El Mozote, Jorge Guzmán, ordenó el martes pasado a Bukele y a su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que explicaran si alguno de ellos dio la orden de bloquear la diligencia.

La noche de la cadena de Bukele, el subdirector del Idhuca, Manuel Escalante, advirtió que "la Fuerza Armada debe ser investigada, porque en sus instalaciones se habría cometido una obstrucción a la justicia en crímenes de lesa humanidad, al destruir los archivos".

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de élite del ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.