Tras cada matanza, como en una especie de ritual, EEUU se sumerge en discusiones e iniciativas legales sobre control de armas que, con el tiempo, tienden a quedar en papel mojado y evaporarse ante el poder de grupos de presión como la Asociación Nacional del Rifle y decisiones de los tribunales. El tiroteo del sábado en Arizona no ha sido diferente.

Carolyn McCarthy, congresista demócrata neoyorquina elegida después de que su marido muriera en 1993 en un tiroteo en un tren, ha anunciado ya que prepara una legislación que pondrá en su diana las armas con capacidad para mucha munición, como la que usó Jared Lee Loughner el sábado.

Loughner compró legalmente en noviembre su Glock 19, una arma semiautomática con cargadores habilitados para portar hasta 30 balas que el fabricante presume que es la elegida de "muchos pilotos de élite de las Fuerzas Armadas para su eficiente defensa en situaciones de emergencias". Ese tipo de cargador de alta capacidad estaba prohibido cuando se aplicaba un veto a la venta de armas de asalto, que expiró en el 2004. Políticos como el representante de Illinois Mike Quigley han denunciado que eso "no es lo que un cazador necesita ni lo que le hace falta a alguien para defender su hogar. Eso se usa para hacer daño a la gente".

El caso de Loughner ha obligado también a reflexionar sobre otra realidad: el hecho de que gente con problemas mentales tiene, pese a que las leyes supuestamente lo limitan, acceso a la compra de armas. En el 2008, un año después de la masacre de Virginia Tech en la que un estudiante con problemas psicológicos mató a 33 personas e hirió a 25, George Bush firmó una ley que ampliaba el sistema de control instantáneo del historial criminal que usan los comerciantes de armas. Según esa norma, es ilegal vender un arma de fuego a cualquiera que haya estado en una institución mental o a alguien diagnosticado como "mentalmente desequilibrado".

Aunque el estado mental de Loughner era tan cuestionable que hasta la universidad a la que acudía se negó a readmitirlo si no superaba una evaluación psicológica, legalmente no entra en ninguna de las dos categorías fijadas por la ley y en noviembre pudo comprar sin problemas su Glock 19.

Lo hizo en Arizona, uno de los estados más laxos en el control de armas. Tras la masacre de Virginia Tech, legisladores estatales propusieron que se permitiera a estudiantes y profesores ir armados a clase. No se llegó a tanto, pero el estado permite comprar y poseer armas de fuego a cualquiera de más de 18 o 21 años.