La captura por los militares de Leopoldo Fernández, el prefecto del departamento de Pando, presuntamente involucrado en lo que el Gobierno llama la "masacre de El Porvenir", puso a las regiones autonomistas en la encrucijada de aceptar los hechos o considerar roto el diálogo con el Gobierno boliviano. "Por fin se hace respetar la vida y el patrimonio nacional", dijo el presidente, Evo Morales. "Esto es inconstitucional", le respondió la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar. "Se ponen en peligro las negociaciones", advirtió el prefecto de Beni, Ernesto Suárez.
El pasado 11 de septiembre, un grupo de campesinos simpatizantes de Morales fue emboscado en El Porvenir, cerca de Cobija, la capital pandina: hubo 15 muertos y 37 heridos. Hay 106 personas desaparecidos. Se teme que hayan perdido la vida. "Nos persiguieron como a perros", denunció Cristián Domínguez, un superviviente. "A una señora con su hijito la tomaron del cabello, y cuando ella pedía que no la mataran le plantaron un tiro al niño", relató Rodrigo Medina.
El vicepresidente Alvaro García Linera remarcó que la cabeza de Fernández no es un asunto "negociable" con la oposición. Lo curioso es que se le detuvo por haber violado el estado de sitio que rige en su departamento, y no por los asesinatos. Las autoridades de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia que encabeza el enfrentamiento con Morales, debatía ayer si salía en su defensa o lo "sacrificaba" en aras de una solución global.
Los militares apresaron al prefecto poco después de que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), reunida en Chile, brindara "pleno y decidido respaldo al Gobierno constitucional", repudiara "los ataques a las instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública" e instara a la oposición autonomista a abandonar todo intento de "desintegración territorial".
La Unasur remarcó que sus miembros "rechazarán cualquier situación que implique un intento de golpe civil" en Bolivia. "Hay un apoyo interno y externo que permite seguir apostando a las transformaciones", interpretó Morales.
Mientras la Unasur pulía el documento, en La Paz, el vicepresidente García Linera y el prefecto de Tarija, Mario Cossio, trataban de seguir limando las diferencias entre el Gobierno y las regiones. "Estamos bastante cerca", dijo Cossio. "No se trata de firmar acuerdos que las regiones no van a acatar", previno más tarde Morales, y se mostró a favor de incluir a los "movimientos sociales" en las discusiones.
APOYO REGIONAL La Unasur resolvió apoyar el proceso de diálogo en Bolivia, y lo hará a través de tres comisiones. Una referida a la búsqueda de consensos. La segunda, en el marco de las investigaciones de la "masacre de El Porvenir". Y una tercera, sobre cuestiones de colaboración. Pero todo eso, subrayó Morales, será posible solo cuando "se devuelvan las instituciones" en poder de los autonomistas y se levante el estado de sitio.
