Cien mil. Esta cifra mágica es el número de procesos penales que se paralizarán en Italia por la aplicación de la polémica enmienda aprobada por el Senado, controlado por los conservadores, para aplazar los procesos pendientes de juicio por delitos cometidos antes del 30 de junio del 2002 y con una condena menor a los 10 años. El texto legal afectará a muchos juicios, pero los legisladores solo tenían uno de ellos en mente a la hora de votar la enmienda: el que debía terminar en julio contra Silvio Berlusconi. El presidente del Gobierno está acusado de haber comprado con 580.000 euros a un testigo de cargo.
Es el punto más vistoso del programa de Gobierno que los conservadores italianos han puesto sobre la mesa tras ganar los comicios de abril. El programa gusta a los poderes económicos y no desagrada a las clases pobres, según Giuseppe de Rita, presidente del CENSIS, instituto de análisis de la sociedad italiana. Algunos críticos lo han definido como propio de una "dictadura blanda", un "programa populista" o de un "autoritarismo democrático".
Deriva militarista
En menos de 40 días, el Gobierno ha militarizado los vertederos de basura en Nápoles, ha declarado delito penal la inmigración clandestina en Italia, ha suprimido el impuesto municipal sobre la primera vivienda, ha limitado a tres meses las escuchas telefónicas judiciales y solo para los delitos castigados con más de 10 años de prisión, además de sancionar (de uno a tres años de prisión) a periodistas y editores que las publiquen. Las escuchas, además, deberán ser autorizadas por tres magistrados. El Gobierno de Berlusconi pondrá a 3.000 soldados a patrullar en las calles de Italia para afrontar una supuesta emergencia de seguridad.
Entre las iniciativas más singulares de los próximos presupuestos generales del Estado figura el denominado impuesto Robin Hood sobre las ganancias de las compañías petroleras, con el que el Gobierno logrará casi 900 millones de euros, que trasladará a las clases pobres.
La parálisis de los procesos judiciales ha sido la gota que ha provocado la ruptura con la oposición de izquierda. "Habrá un caos judicial sin precedentes", se lamentó el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamara.
Walter Veltroni, líder del Partido Democrático y cabeza visible de la oposición, ha anunciado que se opondrá a la deriva de los acontecimientos. El presidente de la República, Giorgio Napolitano, ha filtrado su malestar al Corriere della Sera por haber sido "engañado" respecto al contenido del decreto de ley, mientras el Consejo Superior de la Magistratura, órgano de autogobierno de los jueces, ha salido en defensa de la jueza acusada de ser enemiga del Ejecutivo.
Frente económico
En el frente económico, las asociaciones nacionales de alcaldes y presidentes autonómicos han avisado de que, sin impuestos sobre la primera casa y con los recortes de sanidad, es posible que los enfermos acaben por pagar alguna cantidad por recibir prestaciones sanitarias, aparte de los 10 euros actuales. El sindicato de los periodistas y Boris Banchieri, presidente de los editores, han invitado al Gobierno a recapitular sobre las escuchas, sin excluir la huelga, y afirmando que la norma convertirá en censores a los editores.
