Con 14 noches de violencia a cuestas y el temor a que los altercados alcancen el corazón de París, el ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, se granjeó ayer las críticas de toda la oposición y de las organizaciones de derechos humanos, antirracistas y de ayuda a los inmigrantes con su petición de expulsar a los 120 extranjeros condenados por los actos de violencia. SOS racismo calificó la decisión de "ilegal" y apeló al Consejo de Estado para que éste decida sobre la legalidad del propósito. La organización de abogados recordó la protección legal francesa e internacional con la que cuentan los menores.
El propio Sarkozy amplió, en el 2003, la cobertura jurídica para evitar las expulsiones que ahora defiende. "Inhumano y provoca el estallido de las familias", dijo en el 2002, para defender su proyecto contra la llamada "doble pena", es decir, la expulsión de un extranjero condenado por los tribunales tras cumplir la pena. Según el director general de la Policía Nacional, Michel Gaudin, se mirará "caso por caso". Gaudin también ofreció el saldo diario de la revuelta la noche 14 se saldó con 482 coches quemados y 203 detenciones. El presidente, Jacques Chirac, reiteró que la restauración del orden es la "prioridad absoluta"
