Seis de los once primeros disidentes cubanos llegados a España atribuyen su liberación a la mediación de la Iglesia, las huelgas de hambre de Orlando Zapata y Guillermo Fariñas y la lucha de las Damas de Blanco. Pero no al Gobierno español, pese a que, tras la reunión entre Raúl Castro, el cardenal Jaime Ortega y el ministro español Miguel Angel Moratinos, se anunció su liberación. Los ex-presos no solo no agradecieron a España sus gestiones, sino que criticaron "el limbo jurídico" en el que se encuentran.

Las críticas más duras fueron contra el Gobierno cubano, al que acusan de idear la operación como "cebo" para que la UE varíe la posición común sobre la isla. Pero también deslizaron reproches a España. En primer lugar, rechazan permanecer aquí con permiso de residencia, como otros inmigrantes. "No somos libres; somos refugiados. Cuba ha sido categórica: para regresar tenemos que pedir permiso", denunció Julio César Gálvez. Su compañero José Luis García reconoció que Interior se ha puesto en contacto con ellos para explicarles cómo tienen que solicitar el estatus de asilado político.

El Gobierno argumenta que su condición como inmigrante les abrirá las puertas. "Podrán volver como cualquier cubano que está en el exterior", señaló el martes Moratinos, antes de reconocer que se estudiará "caso por caso". Los disidentes sostienen, sin embargo, que las autoridades cubanas fueron claras. Sus familias sí podrán regresar, ellos no.