Donald Trump sigue encontrando vías para endurecer la política migratoria de Estados Unidos con pasos que, según críticos, activistas y organizaciones de derechos humanos, retan a la legalidad. Ayer entró en vigor una nueva norma por la que se expande la autoridad gubernamental para ejecutar «deportaciones exprés», en las que inmigrantes sin papeles pueden ser expulsados sin haber podido defender sus casos ante un juez o sin haber tenido acceso a un abogado que los defienda.
Desde 1996 estaba en vigor una ley que sobre el papel permitía este tipo de deportaciones aceleradas, pero en la práctica solo empezó a aplicarse en el 2004, bajo el mandato de George Bush, y limitándose a inmigrantes que hubieran entrado por tierra, fueran detenidos a no más de 160 kilómetros de la frontera de México y llevaran menos de 14 días en EEUU. Desde la publicación este martes en el Registro Federal de la nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional, en cambio, las deportaciones exprés se aplicarán a cualquier inmigrante sin documentación que no pueda probar su presencia continuada durante los dos años anteriores en el país. Según el secretario en funciones de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, la medida es cuestión de «seguridad nacional y pública», responde a una «crisis en la frontera sur» y contribuirá a desatascar el embudo en los tribunales, donde se acumulan cerca de 900.000 casos de migración pendientes, unos 300.000 más que cuando Trump llegó al poder.
ENDURECIMIENTO / La medida podría afectar a cerca de 300.000 de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que se estima viven en EEUU y que llevan 15 años en el país, según el Centro de Investigación Pew. La presión que supone la nueva norma, no obstante, va más allá de los afectados directos y es la última vuelta de tuerca en el endurecimiento de la demonización y persecución de los inmigrantes desde la Casa Blanca de Trump.
