Unos 9,3 millones de ecuatorianos decidían ayer con su voto si reemplazan la Constitución vigente desde 1998 por un texto que refuerza el papel del Estado y los derechos sociales, y con el cual el presidente, Rafael Correa, se juega algo más que la posibilidad de seguir en el poder hasta el 2017. El referendo no deja de mirarse en el espejo de la crisis boliviana. El resultado permitirá al Gobierno saber si tiene luz verde para conducir al país por la etérea vía del "socialismo del siglo XXI", o deberá enfrentarse a una fuerza autonomista en Guayaquil. "Más allá de la opción que prevalezca en las urnas, este día será la gran victoria de la democracia", dijo el presidente al inicio de la jornada electoral. "Los resultados de este evento cívico serán sagrados", prometió, aun a sabiendas de la tradición ecuatoriana de reescribir periódicamente la Constitución.
Correa ganó las elecciones en el 2006. Un año más tarde, convocó una consulta para poder enmendar la Carta Magna y volvió a vencer. Las encuestas le auguraban ayer un nuevo triunfo. El presidente llegó a asegurar que abandonaría el cargo si el sí salía derrotado. Por otro lado, y según la mirada de algunos analistas, ha asociado fuertemente la reforma constitucional a su propia figura. La popularidad de Correa antes del referendo rondaba el 60%. Si el sí supera ese umbral, tendrá carta blanca para llevar adelante un programa que sus adversarios califican de chavista. Si la Alianza País, el partido de Gobierno, obtiene menos del 60%, su margen de maniobra será limitado, dijo Paulina Recalde, de la encuestadora Perfiles de Opinión.
EL CASO DE GUAYAQUIL La verdadera complicación para Correa se llama Guayaquil, la ciudad costera más rica y poblada del país. En caso de que solo allí se imponga el no , al presidente le esperan complicaciones. Vencer en esa ciudad es, a los ojos de la Alianza País, terminar con el último reducto opositor.
