La Administración de Donald Trump ha dado un paso más para convertir a Estados Unidos en un fortín contra la inmigración, particularmente desde los países pobres, definidos en alguna ocasión por el presidente como «agujeros de mierda». En una nueva vuelta de tuerca para disuadir la llegada de indocumentados a través de la frontera mexicana, su Gobierno adoptó ayer medidas para detener de forma indefinida a los niños apresados en la frontera.
Hasta ahora, un acuerdo judicial de finales de los 90 impedía a las autoridades mantenerlos en custodia durante más de 20 días y les obligaba a cumplir ciertos estándares para su cuidado. Aquel acuerdo ha pasado a ser papel mojado, aunque se espera que los cambios regulatorios sean recurridos en los tribunales. Trump hizo de la inmigración el eje de su campaña en el 2016, un martillo que no ha dejado de utilizar en su camino hacia la reelección en el 2020.
Completamente inmune a las acusaciones de racismo y xenofobia que generan muchas de sus políticas y declaraciones, el republicano sigue empeñado en explotar los temores que despiertan en una parte del país los cambios demográficos y sociales. Según las predicciones del censo, la población blanca de EEUU dejará de ser mayoritaria hacia el año 2040, una realidad que ha despertado a los demonios del arraigado supremacismo blanco, vistos por el presidente como aliados indispensables en su proyecto político.
REDUCCIÓN DE CUOTAS / Y aunque Congreso no le ha dejado cambiar las leyes inmigratorias, está utilizando cualquier mecanismo a su alcance para remozar el sistema. Ha reducido las cuotas para los refugiados; acelerado los trámites para las deportaciones; prohibido la inmigración desde varios países musulmanes y ha impuesto trabas para que obtengan la ciudadanía los inmigrantes que utilizan ayudas públicas.
El último cambio regulatorio, que podría entrar en vigor en 60 días si no lo frenan los tribunales, está llamado a tener consecuencias humanitarias todavía más severas porque las autoridades podrán mantener detenidos a los menores y sus familiares hasta que los tribunales resuelvan sus casos.
La Administración ha dicho que tardarán unos tres meses de media, pero la experiencia demuestra que se pueden prolongar mucho más. Las condiciones en algunos de esos centros, según ha desvelado la prensa, dejan mucho que desear y han aflorado las denuncias de hacinamiento, malnutrición, falta de higiene, abusos y un legado traumático para algunos de los niños detenidos.
EL ESCÁNDALO DEL 2018 / La Casa Blanca insiste en que pretende acabar con la rápida puesta en libertad de los menores que llegan solos o junto a sus familias y desincentivar su migración. El año pasado ya trató de hacerlo separando a los padres de sus hijos, un escándalo que levantó la indignación de parte del país y acabó siendo frenado por los tribunales. «Esta normativa mejorará nuestra capacidad para acabar con la práctica de detención y puesta en libertad, uno de los desafíos que han alimentado la crisis», dijo el secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleenan. «Ningún menor debería ser utilizado como peón para manipular nuestro sistema inmigratorio».
Pero lo cierto es que la nueva normativa vulnera, según los expertos, el llamado Acuerdo de Flores, una serie de pautas derivadas de una sentencia judicial de 1997 que obliga a las autoridades a dejar a los menores en manos de un familiar o un tutor tras un máximo de 20 días en custodia federal. «Esto supone su vulneración inmediata, sino un desacato a los tribunales», anunció el Center for Constitutional Rights. Otros han criticado duramente la medida por el impacto que tendrá en la salud de los niños.
El Acuerdo Flores surgió tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades y otras organizaciones Civiles en 1985 en nombre de Jenny Lisette Flores, una adolescente de 15 años que huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos.
