No le va a resultar fácil a Israel recuperar su credibilidad ante el mundo, a tenor de las decisiones que ha adoptado para esclarecer el asalto mortal a la flotilla de Gaza en aguas internacionales. El Gobierno de Binyamin Netanyahu ha apostado por dos comisiones internas sin poderes ni mandato para investigar a los militares y políticos que dirigieron la operación naval. Una de ellas será puramente militar, mientras la segunda estaría formada por juristas israelís y supervisada por dos observadores extranjeros. La confirmación de este último panel aún está en el aire. EEUU respondió a los planes de Netanyahu con una frase tajante: "La participación internacional" en la investigación del incidente es un "elemento esencial para superar esta tragedia".
El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Philip Crowley, negó de esta forma el beneplácito estadounidense a Israel, que se antoja fundamental para otorgar a la comisión el halo de credibilidad que exige la comunidad internacional y salvaguardar el prestigio de Washington. No hay que olvidar que su Administración apoyó la semana pasada la resolución del Consejo de Seguridad que reclama una investigación "imparcial, transparente y conforme a los estándares internacionales". Según varias fuentes, EEUU quiere que Turquía esté representada, a lo que Israel se opone.
DETALLES Por los detalles que se conocen hasta ahora, la comisión israelí estaría formada por juristas y diplomáticos hebreos expertos en derecho internacional y marítimo. Dos observadores foráneos la supervisarían: uno estadounidense y otro, posiblemente, europeo. Esto parece lejano a las condiciones del secretario general de la ONU. Ban Ki-moon pidió "una participación internacional creíble".
Menos garantías despierta el mandato de la comisión, decidido por el Gabinete de ministros israelí. No podrá cuestionar como testigos a los soldados ni a los mandos que participaron en el asalto al Mármara Azul, ni tampoco podrá cuestionar la cadena de decisiones políticas que desencadenaron el abordaje, saldado con nueve muertos. Su foco será dilucidar "si el bloqueo de Gaza es legal y necesario y si la operación estuvo justificada".
Esta fachada no ha gustado siquiera a la prensa hebrea. Boaz Okon escribió ayer en Yedioth Ahronoth que "este comité de expertos es más bien un club de debate" que se dedicará a cuestiones "teóricas".
Más peregrina se antoja la comisión militar anunciada ayer por el Ejército. Su misión será "examinar la operación de la flotilla y extraer las lecciones pertinentes". Estará presidido por el general en la reserva Giora Eiland, uno de los siete militares y políticos israelís a los que el juez Fernando Andreu intentó juzgar en la Audiencia Nacional por la muerte de 15 civiles en Gaza --nueve niños-- en el bombardeo a la vivienda de un jefe de Hamás en el 2002.
