La pena de muerte y las comisiones militares para juzgar a los presos de Guantánamo, dos de los polémicos sistemas que colocan a Estados Unidos bajo la lupa de la comunidad internacional, jurídica y de defensa de los derechos civiles, se han combinado en una nueva apuesta de Washington. El Pentágono anunció ayer que pedirá la pena de muerte para seis sospechosos de terrorismo internados en la base, contra los que presenta 169 cargos por desempeñar un rol central en los atentados del 11 de septiembre del 2001.

Consciente de las sombras legales que se ciernen sobre las comisiones militares que aprobaron George Bush y el Congreso y sobre la propia existencia y el funcionamiento de la base de Guantánamo, el general de brigada de las Fuerzas Aéreas Thomas Hartmann aseguró en la rueda de prensa que EEUU dará a los seis acusados "derechos prácticamente idénticos" a los que tienen los miembros del Ejército estadounidense.

Entre esos derechos citó el acceso total a las pruebas contra ellos, pero no aclaró si contarán las obtenidas mediante duras técnicas de interrogatorio como el ahogo simulado, que se aplicaron a varios de los acusados, incluyendo al más destacado, Jalid Sheij Mohamed, supuesto jefe de operaciones de Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11-S.

Además de Sheij Mohamed están acusados Mohamed al Qahtani, definido como "el secuestrador número 20"; Ramzi bin al Shibh, acusado de ser el principal intermediario entre los terroristas que se hicieron explotar y los líderes de Al Qaeda; el sobrino de Sheij Mohamed, Ali Abd al Aziz Ali --también conocido como Ammar al Baluchi--; su asistente Mustafa Ahmed al Hawsawi y Walid bin Attash, supuesto reclutador de los suicidas.

El anuncio ayer de los cargos y de la sentencia buscada no significa que el proceso vaya a ser inmediato y está casi descartado que se resuelva antes de que George Bush abandone la Casa Blanca. Harán falta al menos varios meses de preparación del juicio. Y aunque este fuera rápido, si llega a acabar con sentencias de muerte, abrirá las puertas a un proceso de apelaciones en los tribunales civiles. El sistema jurídico militar prevé la ejecución por inyección letal.