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LA LEGALIZACIÓN DE UNA DROGA

EEUU retira la protección de Obama a la nueva industria de la marihuana

El fiscal general insta a los abogados de Justicia a utilizar todas las armas a su alcance para que se cumpla la ley

 

Los empleados esperan detrás del mostrador en Harbourside, uno de los dispensarios más grandes y antiguos de marihuana medicinal de California. - / REUTERS / ELIJAH NOUVELAGE

EL PERIÓDICO
04/01/2018

Hace cuatro días todo era celebración en California. Los partidarios de la legalización de la marihuana acababan de lograr su victoria más importante hasta la fecha con la entrada en vigor de la nueva ley que autoriza la venta, la posesión y el cultivo de cannabis en el estado más rico y populoso de Estados Unidos, el sexto en legalizar el comercio de esta droga para fines recreativos. Pero esa alegría ha dejado paso a una enorme incertidumbre. El Departamento de Justicia que dirige Jeff Sessions ha revocado este jueves las políticas impulsadas por la Administración Obama para proteger la nueva industria de la marihuana de la injerencia de las autoridades federales en aquellos estados donde ha sido legalizada. Un giro substancial que deja al sector en un inquietante limbo jurídico.

Ese limbo ya existía porque la marihuana sigue siendo ilegal en el ámbito jurídico federal, donde está clasificada como una droga de categoría 1, al igual que la heroína, el LSD o el éxtasis, sustancias “sin uso medicinal actualmente aceptado” y “con un alto potencial de abuso”. La Administración Obama resolvió temporalmente el dilema al ordenar a los fiscales federales que hicieran la vista gorda en aquellos estados donde ha sido legalizada. Primero se abstuvo de recurrir en los tribunales las leyes aprobadas por los estados de Colorado y Washington en 2013 para acabar con la prohibición y, más tarde, su Departamento de Justicia emitió un memorando instando a los fiscales a que se abstengan de perseguir delitos relacionados con el cannabis en los estados donde ha sido legalizada. Como excepciones se fijaron la venta a menores, el tráfico a cargo de bandas criminales y el comercio interestatal de marihuana.

Aquellas políticas permitieron que la industria se desarrollara sin demasiado temor a las redadas de los federales, pero con Donald Trump en el poder la suerte del sector ha vuelto a quedar en el aire. Sessions ha afirmado que “la misión del Departamento de Justicia es hacer que se cumplan las leyes de EE UU” y ha dicho que la directiva de Obama “socava el estado de derecho y la capacidad de las autoridades locales, estatales, tribales y federales de cumplir su misión”. En términos prácticos, ha instado a sus fiscales a que recurran a todas las armas en su arsenal jurídico para “desmantelar las organizaciones criminales, hacer frente a la creciente crisis de drogas y frenar los delitos violentos”.

El comunicado del fiscal general es lo suficientemente ambiguo para no saber en qué se traducirá el cambio de política. Desde su departamento no han querido aclarar si las nuevas directrices provocarán un intento de desmantelar la naciente industria en los ocho estados que han legalizado el cannabis, además del Distrito de Columbia (en Maine y Massachusetts todavía no han comenzado las ventas). Otros 29 han autorizado la marihuana con fines medicinales.

Sessions llevaba tiempo sugiriendo sus intenciones de apretarle las tuercas a la nueva industria, pero se ha topado con la resistencia en el Congreso de numerosos legisladores que han aceptado la decisión adoptada en referéndum por los votantes de sus estados. “Ir contra la mayoría de estadounidenses, incluida una mayoría de votantes republicanos, que quieren que el Gobierno federal se mantenga al margen es una de las decisiones más estúpidas que ha adoptado el fiscal general”, ha dicho el senador demócrata por Colorado, Corey Gardner. Los grupos que defienden la legalización sostienen que será muy difícil desmantelar el sector, pero reconocen que la incertidumbre legal podría generar confusión y frenar el desarrollo de la industria.