El régimen egipcio ha ejecutado este martes a once presos, todos ellos condenados a la pena capital por delitos comunes, "asesinatos cometidos en los últimos años", según fuentes de seguridad. Las sentencias se han aplicado en la prisión de Bork al Arab, cerca de la ciudad de Alejandría, al norte del país. El pasado sábado se aplicó la pena de muerte a otras cinco personas, tres de ellas mujeres, en Ismaelía, también por delitos comunes.
Estas ejecuciones se suman a decenas llevadas a cabo a lo largo del año pasado, según han denunciado organizaciones de derechos humanos. "Las autoridades egipcias se han embarcado en un horrible frenesí de ejecuciones en los últimos meses" dijo el pasado mes de diciembre Philip Luther, director de la oficina de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. La organización también denunció las condenas obtenidas tras "'confesiones' bajo tortura".
El Gobierno de al Sisi
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) afirmó el pasado octubre que se habían llevado a cabo 49 ejecuciones en tan solo diez días y pidió el "cese inmediato" de las mismas. La organización considera que bajo la presidencia del presidente egipcio, el mariscal de campo, Abdelfatá al Sisi, que se hizo con el poder tras un golpe de Estado en el 2013, Egipto se ha convertido en uno de los diez países con mayor número de penas de muerte.
La sharía, o ley islámica, es la principal fuente del derecho egipcio, según la Constitución de 2014, y legitima la aplicación de la pena capital. Las ejecuciones afectan a presos comunes, pero también a opositores acusados de terrorismo y otros delitos.
